El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ordenó –a través de un decreto– la intervención de la Caja de Jubilaciones de los trabajadores estatales de la provincia. Hasta el momento, el órgano era administrado por un Directorio conformado por cinco personas: algunas eran elegidas por los afiliados de ATE, UPCN y Amsafe, los tres gremios mayoritarios; mientras que otras eran designadas por el Poder Ejecutivo.
La medida podría provocar ciertas tensiones entre los gremios estatales y el gobierno de Pullaro, ya que los representantes de ATE, UPCN y Amsafe, quienes fueron elegidos por los propios afiliados activos y pasivos, fueron desplazados de sus cargos.
Ente los considerandos del decreto, se resalta que la Ley N° 13.758 establece “todas y cada una de las funciones” que debe tener el Directorio, al tiempo que se detalla que el incumpliendo de estas tareas “constituye causal de intervención”.
En este sentido, el artículo 62 de esta ley, en su último párrafo, detalla la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo de intervenir la Caja si se detectan incumplimientos por parte del Directorio o mal comportamiento de sus miembros.
“En función de las denuncias y constantes reclamos por parte de los afiliados y beneficiarios que han llegado a conocimiento del Poder Ejecutivo, la Caja estaría presentando irregularidades en su administración que se traducirían en incumplimientos de sus deberes, lo que provocaría graves perjuicios y afectación de derechos para los beneficiarios”, completó el decreto de Pullaro.
La resolución señala que el Directorio no convocó con la “debida antelación” a la elección de los vocales –incumpliendo así en sus funciones– y apuntó: “La renovación de autoridades resulta fundamental para el buen funcionamiento de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, ya que la integración de ese órgano tiene como fin último la representación en la administración de la entidad de quienes son sus beneficiarios y, principalmente, quienes aportan a la misma”.
Pullaro intervino la Caja de Jubilaciones de los empleados estatales por presuntas irregularidades by Conclusión TV on Scribd
Con el objetivo de “normalizar” la prestación de la Caja, Pullaro ordenó que se intervenga el organismo por 180 días corridos. La interventora es la contadora pública Lorena Ulieldin, mientras que los actuales miembros del directorio fueron desplazados de sus cargos.
“En el ejercicio del cargo la interventora ejercerá las facultades de gobierno y administración de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado otorgadas al Directorio. En caso de detectarse alguna anomalía o incumplimiento, deberá informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión, debiendo aportarse la totalidad de la información de base o documentación respaldatoria, asesorando al Poder Ejecutivo sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso”, concluyó el decreto.
