A 20 años de la represión policial para contener el estallido social del 2001, este lunes se confirmó la condenas de cinco ex funcionarios del gobierno de la Alianza. No obstante, ninguno de ellos irá a prisión hasta que las penas queden firmes.
En el marco de la las más de 1.100 muertes producidas por la dictadura que se hizo del gobierno el 1 de febrero, al ex diputado de la Liga Nacional para la Democracia le dieron 20 años de prisión.
La noticia de los arrestos de este martes por la noche coincide con un tercer día seguido de protestas en Jartum y otras ciudades contra el golpe del lunes pasado, y con el cierre de muchos negocios en la capital tras un llamado a la huelga general y la desobediencia civil.
Los vecinos del barrio ubicado en la zona sudoeste de la ciudad, visibilizaron que fueron reprimidos y amenazados por la Policía de Santa Fe cuando reclamaban por la falta de energía eléctrica, y destacaron que la EPE aún no solucionó la situación.
La fecha recuerda el día en el que Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus fueron muertos en un enfrentamiento con la policía denominado “Combate de William Morris”.
Francisco exhortó a las fuerzas de seguridad a “evitar, por razones humanitarias, comportamientos nocivos para la población en el ejercicio de su derecho a manifestarse pacíficamente”.
“El gobierno de Iván Duque está en contra de la clase trabajadora”, sentenció el militante colombiano David Martínez, y resumió así los motivos que impulsaron las movilizaciones ciudadanas. Es que las autoridades de este país no solo quisieron implementar una Reforma Tributaria, sino que también buscan privatizar el sistema de salud e implementar cambios laborales.
Después de que este fin de semana se produjera la matanza de manifestantes prodemocracia, la más grande desde que los militares dieron el golpe de Estado el 1 de febrero, escaló la condena internacional sobre el Gobierno de facto.
El secretario adjunto de la organización gremial, Rodolfo Aguiar, dijo que el reemplazante de Marcela Losardo tiene sus ideas “en las antípodas” del kirchnerismo y que “hay muchos esperanzados” en que “va a enfrentar a los jueces para transformar la Justicia”.
La capital económica del país asiático se ve envuelta en un baño de sangre propiciado por el Gobierno militar que tomó de facto el poder el 1 de febrero. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, acusó al ejército birmano de reprimir "brutalmente" a los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado.
Alrededor de 500 policías y militares reprimieron a trabajadores portuarios que se sumaron a la desobediencia civil. La del sábado es la jornada más sangrienta desde que comenzaron las protestas que exigen el restablecimiento del Gobierno de Aung San Suu Kyi en la antigua Birmania.
Los militares que tomaron el poder en Myanmar publicaron una lista con los activistas más famosos del país, a quienes buscan por promover las protestas, y advirtieron que aquellos que los alberguen “se enfrentarán a medidas de acuerdo con la ley”.