Por Elisa Soldano 

Colombia vive días de extrema violencia y resistencia popular. Mientras el gobierno que lidera el derechista Iván Duque propone reformas tributarias, sanitarias y laborales que perjudican a la clase media, el pueblo sale a las calles y organiza medidas de fuerza –como un paro que lleva más de una semana- para expresar su rechazo hacia estas políticas. Como respuesta a la manifestación ciudadana, el Estado desplegó sus fuerzas represivas, que en cuestión de días dejan un feroz número de muertos, heridos y detenidos.

Si bien la gota que rebalsó el vaso fue una Reforma Tributaria –la cual proponía, entre sus puntos más importantes, aumentar el IVA a productos de primera necesidad-, el pueblo colombiano denuncia que desde hace años padece políticas de precarización, las cuales se vieron agravadas por la pandemia de Covid-19. Si bien ante el rechazo social Duque dio marcha atrás con esta modificación impositiva, hay otras reformas que aún preocupan a los trabajadores colombianos.

Conclusión dialogó con el militante por los Derechos Humanos en Colombia, David Martínez, quien detalló: “Duque pretendía avanzar con una Reforma Tributaria que subía el IVA y le ponía impuesto específico a productos de primera necesidad, a servicios públicos y a la gasolina. Ante esta situación, el 28 de abril la gente salió a las calles y se convocó a un paro nacional indefinido, que hasta el momento sigue en pie en varios puntos del país”.

Frente a las manifestaciones en las calles, el bloqueo de algunas vías de comunicación y la paralización en los centros productivos de buena parte del país latinoamericano, la respuesta del Estado fue la represión a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

“Aquí se creó, con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), un escuadrón antidisturbios que se llama ESMAD, que tiene varios crímenes encima y actúa de forma muy violenta, sobre todo con jóvenes que están en las calles en estos momentos”, explicó a este medio el integrante de la Fundación de Defensores de la dignidad de los pueblos BAKIA.

El Estado respondió con violencia

Fue el mismo Uribe quien, el pasado 29 de abril, pidió a través de sus redes sociales la “urgente” presencia del Ejército en las calles de Colombia. “Uribe da la orden y Duque la vuelve ley”, evaluó Martínez, y agregó que la presencia del ESMAD en las calles generó una ola de hechos violentos que dejaron un importante saldo de muertos, heridos y detenidos, como así también innumerables denuncias por abusos policiales.

“La represión en muy fuerte. Hay miles de denuncias en video, como así también de organizaciones de Derechos Humanos. En Madrid (un municipio cercano a Bogotá) ya tenemos acumuladas cientos de denuncias por abuso de poder policial, por disparos de policías con armas de fuego y por detenciones arbitrarias”, sostuvo el militante social.

Además, señaló: “El 1 de mayo, en un municipio cercano a Bogotá, el ESMAD asesinó a un compañero que se encontraba protestando. También hay otro compañero en coma inducido tras una golpiza de esta fuerza. La situación es muy compleja”.

Consultado sobre la respuesta que da el gobierno ante los hechos represivos, Martínez expresó: “El Estado siempre tiene la misma justificación ante las protestas, y es que son actos vandálicos donde se infiltran personas de organizaciones insurgentes, y que en esa medida es legitima la respuesta represiva”.

“La situación en Colombia es de una violencia desbordada, por la noche hay gente que circula con armas y se han pasado por alto todos los protocolos de Derechos Humanos y las medidas que nos cobijan en la protesta social”, completó.

En tanto, adelantó que el Gobierno de Colombia podría estar ultimando los detalles de un decreto en donde se declararía el “Estado de Conmoción Interior, que es el equivalente al Estado de Sitio”, donde se verían restringidas las libertades individuales –como el derecho a la protesta- y con lo cual la represión podría ser aún mayor. “El decreto ya estaría listo, pueden sacarlo en las próximas horas o días y eso marcaría aún más el descontento”, anticipó el integrante de BAKIA.

Reforma 010: rumbo a una salud privada

La Reforma Tributaria no era la única modificación que la gestión de Duque planeaba llevar adelante. Por el contrario, el oficialismo colombiano preparaba el terreno para privatizar el sistema de salud y para proponer cambios en las condiciones laborales de los trabajadores.

“La Reforma a la Salud, presentada bajo el proyecto 010, es la estocada final al sistema sanitario de Colombia. Esta iniciativa busca poner la salud bajo un modelo que aquí le llaman EPS (Entidad Promotora de Salud), que son las empresas que manejan el sistema sanitario en el país. Es un modelo privado que es calco y copia del estadounidense, que genera un sistema de salud prepaga. Si no tienes plata, no tienes como te atiendan. Esto ya sucede en el sistema de salud colombiano, pero se ve agravado por la emergencia Covid y las vacunas”, explicó Martínez.

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En este sentido, el militante social señaló que “el sistema de salud es tan precarizado” que, sin tener un plan de salud prepago, es un “padecimiento” recibir atención médica ya que las EPS “dilatan las citas con especialistas y la atención en urgencias”. Además, destacó que estos hechos se daban en condiciones normales pero que se agravaron durante la pandemia.

Martínez anunció además que en Colombia “está en trámite una Reforma Pensional que beneficia a los conglomerados financieros del país”, y denunció también que el gobierno de Duque planea llevar adelante una Reforma Laboral que “pretende agudizar las condiciones de los trabajadores al pagarle por hora y cotizar pensión por horas”.

“Este es un gobierno que está en contra de la clase trabajadora”, sentenció.

¿Por qué continúa el paro nacional?

A pesar de que el gobierno dio marcha atrás con la Reforma Tributaria, el paro continuará en diferentes localidades de Colombia –por determinación del Comité de Paro Nacional-, y también seguirán e vigencia las movilizaciones sociales y las asambleas que se realizan en las diferentes ciudades, donde se plantean las necesidades que cada población tiene ante la crisis

Consultado sobre por qué la población seguirá adelante con las medidas de fuerza, Martínez respondió: “La gente está cansada. El gobierno de Duque representa a las elites y a las empresas del país. Hay muchos sectores cansados de la situación, al borde de una crisis muy fuerte. Hay muchas personas en situación de hambre y de precariedad total, y las restricciones de la pandemia agudizaron aún más la situación”.

Al respecto, el militante social destacó la importancia de “denunciar el actuar criminal del gobierno para que haya una intervención real frete al actuar de las fuerzas militares”.

Pandemia: críticas en lo sanitario y en lo económico

Colombia es uno de los países de Latinoamérica más golpeados por la pandemia de Covid-19: no sólo es alta la cifra de contagios y de muertes, sino que también la crisis económica se hace sentir entre la población, acrecentando el descontento social.

En el sentido sanitario, Martínez criticó la baja cantidad de hospitales y el precario acceso a la salud que hay en el interior del país y denunció que, en medio de la emergencia sanitaria, una buena parte de la población que necesitó atención médica debió trasladarse a Bogotá, la capital de Colombia.

Asimismo, apuntó que las Unidades de Cuidados intensivos (UCI) y los sistemas de emergencias “colapsaron” y que la atención de las EPS -que son las encargadas de la atención primaria- es “ineficiente”.

En relación a la asistencia económica, el integrante de BAKIA explicó que años atrás el gobierno lanzó los programas “Familias en Acción” y “Jóvenes en Acción”, al tiempo que creó un Ingreso Solidario. A raíz de la crisis generada por la pandemia, estos beneficios se volvieron una importante política de asistencia en el último año, pero Martínez declaró: “Hay muchas quejas sobre el manejo de ese recurso, ya que actualmente no alcanza ni para pagar una renta o hacer un mercado mínimo”.

“La gestión de la pandemia debe ser de las peores calificadas a nivel mundial. Desde el inicio las medidas fueron ineficientes y el resultado es que somos uno de los países de Latinoamérica con las peores cifras de contagios y de muertes. También es la peor gestión de vacunación en la zona”, consideró el militante social, al tiempo que denunció un “mal manejo de los recursos destinados a combatir la emergencia sanitaria”.