Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (Enviado especial)
El Senado aprobó una normativa que tiene objeto captar inversiones y que estará regulada por un nuevo sistema de Participación Público-Privada (PPP) para fomentar las inversiones, por medio de empresas privadas que quieran participar de la construcción de obras de infraestructura y servicios a la sociedad, mediante la utilización de una figura asociativa con el Estado.
El impulso para darle tratamiento al tema nació del Ejecutivo nacional, ya que las inversiones que se intentó atraer con el acuerdo con los holdouts nunca se concretaron.
La ley establece cuáles son las obligaciones para las firmas interesadas en participar y el tipo de sanciones que se aplicarían por la falta de cumplimiento de los contratos.
El consenso que generó el proyecto aprobado contó con 48 votos a favor y solo 13 en contra, es decir que contó con amplia mayoría de los integrantes del cuerpo.
Desde el Frente para la Victoria-PJ, entendieron que había que aprovechar la experiencia que aportaría el sector privado, además del financiamiento y el incentivo que estimularía la participación del capital empresario en proyectos de largo plazo.
Y añadieron que esta nueva herramienta aprobada por el Senado permitiría “concretar más obras de infraestructura”, en especial para las provincias, puesto que “obras grandes, como por ejemplo nuevos puentes, autovías, nuevos puertos y generación de energías sustentables”, que hasta ahora no fueron construidas.
Entre otras consideraciones, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte subrayó que la iniciativa del oficialismo se enriqueció con “30 modificaciones” entre las que se destaca la intervención como organismo de contralor “a la Auditoria General de la Nación”.
Desde el radicalismo estimaron que este proyecto necesitaba ser “aprobado” ya que el Ejecutivo tenía grandes expectativas, porque permitiría generar “nuevos puestos de trabajo” y por otro lado, porque la futura ley faculta “descentralizar las decisiones, guarda un fuerte apego con el federalismo y además es transparente”.
El temor llegó del bloque del PJ, que advierte que esta normativa compromete la soberanía y la jurisdicción nacionales, a la vez que se permitió decir que la está lejos de cumplir su objetivo de atraer inversiones.
Desde el Peronismo Federal observaron que se corre riesgo de cargarle “al Estado los contratos realizados porque deberá asumirlos como tal» y además sentenciaron que se “volverá a los tribunales internacionales”.
