Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El 21 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del rechazo al amparo contra la ley de Reparación Histórica que realizó el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. El funcionario que no hizo lugar a la medida fue el doctor Fernando Strasser, por ese entonces secretario del juzgado Federal de la Seguridad Social número 2, interinamente a cargo del mismo.
El tema cobra especial relevancia si se repara que el 13 de septiembre a través de la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la secretaría de Hacienda, dispuso la «emisión de Letras del Tesoro en dólares estadounidenses con vencimiento el 13 de marzo de 2020 a ser suscritas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), por un monto de hasta valor nominal original dolares estadounidenses dos cientos setenta y cinco millones (VNO U$D 275.000,000)».
En buen romance, esto significa que el gobierno que cuestionó en duros términos la utilización del FGS para proyectos productivos que generaban trabajos y nuevos ingresos a la Anses, a través de aportes y contribuciones, desde la aprobación de la ley de Reparación Histórica utiliza esos fondos para financiar la fuga de capitales y el pago de deuda externa, pero esto es solo una parte de la historia, ya que la propia ley de Reparación Histórica establecía que los ingresos del «Blanqueo de Capitales» fueran al FGS.
En diálogo con Conclusión, el especialista en Seguridad Social, Miguel Ángel Fernández Pastor, afirmó que el director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, «tiene la obligación de explicar adonde fueron a para los 11 mil millones de dólares del «blanqueo » que nunca ingresaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses».
Mientras tanto, la justicia, como en el caso del amparo mira para otro lado, a pesar que el especialista advirtió la comisión de este delito contra los fondos de los jubilados.
No obstante, no es la primera vez que el doctor Fernández Pastor denuncio que el Gobierno pretendía dar uso a los fondos de los jubilados. En momentos que se debatía el proyecto de ley de Reparación Histórica fue convocado para que de su opinión ante los miembros de las comisión de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.
Durante su exposición, el especialista denunció que la emergencia que se pretendía declarar en la ley era «una patente de corzo» para que el gobierno hiciera lo que le plazca con el sistema de seguridad social. Lamentablemente, la mayoría de los legisladores votaron afirmativamente la ley redactada en las oficinas de la Anses, por los enviados del Banco Mundial.
Pero no todo queda aquí, en este tema los parlamentarios no son los únicos responsables, ya que el 1 de agosto de 2016, el doctor Fernández Pastor presentó un amparo con una medida cautelar, por ante la justicia Federal de la Seguridad Social, a través de la cual intentó detener el atropello al Derecho Humano de la seguridad social.
Llama la atención el tratamiento que se le dio al tema -y que oportunamente denunciara el experto en Seguridad Social por ante la Corte Suprema- respecto de los sorteos y otras manipulaciones del expediente que determinaron que el autos recayeran en el juzgado a cargo el doctor Fernando Strasser, quien el 21 de septiembre de 2016, por motivos procesales, rechazó el amparo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía tiene, para resolver si el juez de primera instancia podía o no dictar la sentencia.
Según dijo a Conclusión el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor: «Este día de la primavera los beneficiarios de la seguridad social podrán festejar que los legisladores, fiscales y jueces de la Nación, consideran que sus derechos humanos no tienen entidad suficiente para ser protegidos, pero los de los fondos buitre sí» y remató que «eso es lo que tenemos que cambiar desde el 10 de diciembre, entre Todos».
