Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora por Entre Ríos, Blanca Osuna, recibió este miércoles el testimonio de académicos, especialistas y funcionarios en el marco del debate del proyecto de ley de Financiamiento Educativo, que establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde el 6% hasta el 8% del PBI.

El texto busca implementar un sistema nacional de evaluación que incluye operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del estado; y fija un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país.

Durante las exposiciones, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, expresó que «reedita un debate pero lo viene a fortalecer y a materializar conquistas que hemos tenido en estos años».

Además, subrayó «el rol del Consejo Federal de Educación en el que se han tomado decisiones con las 24 provincias por unanimidad» y se refirió a «la novedad de los jardines maternales que permiten a las mujeres -afianzar la participación en el mundo del trabajo».

Por su parte, su par de Tucumán, Juan Pablo Lichtmaje, manifestó que representa a la «región norte grande del país» por lo que destacó «el carácter federal de la ley». «La ley tiene un principio de mutua solidaridad entre nación y el rol central de los estados provinciales en el desarrollo de la educación. Hay muchas cosas del proyecto que ya se están haciendo como el fomento de los distintos niveles y la jornada extendida, los planes Progresar y Conectar Igualdad, es decir, la ley viene a consolidar y ratificar este rumbo de inversión y acción», agregó.

Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó «el fortalecimiento del presupuesto» y aportó que «la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país; hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades».

Puntualizó también que en «40 años de democracia donde en 1983 existían 300 mil estudiantes al día de hoy tenemos 2 millones 500 mil estudiantes en todo el país».

Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Abierta Interamericana apoyó el proyecto: «En la búsqueda de la igualdad, a través de la educación, la inclusión implica la incorporación pero también abre las posibilidades en una tendencia hacia la equiparación de las posibilidades de la totalidad de la población»

A su turno, la Rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren, expresó: «Coincidimos plenamente en que la educación es un derecho fundamental. Celebro esta propuesta de financiamiento educativo porque prevé todos los niveles de manera integral y porque defiendo la educación pública, gratuita y de calidad».

Por su lado, Graciela Morgade, doctora en educación y decana de la facultad de Filosofía y Letras, manifestó: “Coincido con Cubino en tematizar la construcción de jardines maternales”. Sin embargo, propuso ampliar dos temas en el proyecto: “Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos, y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan al trabajo”.

Mariano Narodowski, académico e investigador consideró que «más allá de la extensión a los 190 días de clases lo que importa es la continuidad pedagógica y llegar a 180 días».

«Esta ley sí supera y es mucho mejor que las anteriores pero todavía tiene muchos problemas. El enfoque debiera plantearse responder a la pregunta ¿Cuánto cuesta la educación de calidad o hacer un presupuesto normativo y cuánto nos cuesta la calidad de la educación?», se preguntó el ex funcionario de Cambiemos.

A 40 años de la recuperación de la Democracia, una nueva Ley de Financiamiento Educativo es un acto de reparación indispensable y una política de Estado en justicia social

María Anastasia Meizoso, delegada cooperadora Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, explicó que «somos familias que tomamos el compromiso ad honorem de luchar por la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas».

«Entendemos a la educación como un derecho humano por eso la defendamos, la elegimos y la cuidamos y estamos en la trinchera todos los días 24×7 con aportes voluntarios de las familias», completó.

Por las Cooperadoras en Movimiento, Pablo Cesaroni, precisó que «hay 25 mil cooperadoras en el país que sabemos muy bien la necesidad del aumento del presupuesto y por eso venimos a apoyar la ley.

«Hay que achicar la desigualdad, tener una mayor inversión por los problemas edilicios, por una educación de mayor calidad y construir muchas escuelas nuevas de niveles iniciales y de orientaciones», subrayó.

Al término de la reunión, la presidenta de la comisión, Blanca Osuna (Frente de Todos), analizó la jornada: «Estamos transitando este debate, sabiendo el compromiso de nuestra sociedad con la educación y la responsabilidad para producir una norma que exprese desde nuestra historia, las conquistas, los nuevos desafíos, los recursos y las metas, consolidando una política de estado».