Foto: Jorge «Tigre» Acosta.
La postura que los candidatos presidenciales de La Libertad Avanza, Javier Milei y especialmente Victoria Villarruel, tienen sobre la última dictadura cívico militar despertó el interés electoral de muchos genocidas y represores que aún no tienen condena firme y cumplen prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, quienes –a pesar de haber prohibido el derecho al voto cuando condujeron el país– en los últimos días solicitaron permisos para poder concurrir a las urnas.
En diálogo con Conclusión, la abogada, miembro de HIJOS Rosario y querellante en delitos de lesa humanidad, Nadia Schujman, manifestó: “Hay pedidos (para ir a votar al balotaje), pero no de condenados sino de procesados. La ley le impide votar a quienes tienen condena firme, está expresamente prohibido. Pero los procesados sí lo pueden hacer, y todos los que están en domiciliaria están pidiendo poder ir a las urnas, es un derecho que tienen. En Rosario no hemos visto pedidos”.
Los procesados o condenados –siempre que la sentencia no esté firme– por delitos de lesa humanidad que cumplen condenas en la cárcel votarán en la misma unidad penitenciaria. La Ley, por su parte, habilita a que voten aquellas personas que no tengan condena firme, o sea, que no tengan recursos pendientes en Casación o la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que si un represor fue condenado en primera instancia, pero apeló la sentencia, podrá ejercer su derecho al voto ya que esa pena no pasó todas las instancias de revisión y, por lo tanto, no está firme.
En los últimos días, la Justicia Federal registró una considerable cantidad de solicitudes por parte de los represores que están en prisión domiciliaria, pero que aún no tienen condena firme, quienes pidieron autorización para abandonar sus hogares y concurrir a las urnas en el balotaje que tendrá lugar este domingo 19 de noviembre, donde se medirán el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei.
Algunos genocidas ya habían expresado públicamente su apoyo a Javier Milei, como fue el caso de Jorge “Tigre” Acosta, jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), quien en una carta escrita luego de las elecciones generales el pasado 22 de octubre, manifestó: “Se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por la patria socialista”.
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La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, reivindicó en reiteradas oportunidades a la última dictadura cívico militar. En el debate de vicepresidentes que tuvo lugar la semana pasada, por ejemplo, volvió a negar la existencia de 30.000 detenidos–desaparecidos víctimas del régimen militar y reivindicó el rol que tuvo en la represión ilegal Juan Daniel Amelong, un exteniente coronel del Ejército que acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Rosario.
¿Quiénes son los genocidas que pidieron autorización para ir a votar?
Varios procesados o condenados, aunque sin sentencia firme, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico militar ya tramitaron sus permisos para ir a votar. Entre ellos se destacan el marino Randolfo Agusto “el Tano” Scacchi, Miguel Ángel García Velasco, Orlando “Hormiga” González y Carlos Mario Castellví, quien paradójicamente irá a votar a una cuadra del centro clandestino donde operó.
Otro de los que solicitó ir a las urnas es Alejandro D’Agostino, un piloto condenado a prisión perpetua por haber sido tripulante del vuelo de la muerte en el que arrojaron al mar a tres Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas.
Entre las solicitudes también se destacan la del represor Horacio Luis Ferrari, la de Delsis Malacalza y la de Eduardo Lance, condenado a prisión perpetua por los vuelos de la muerte.
Entre los procesados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria y solicitaron ir a votar el próximo domingo también se destaca Alberto Jorge Crinigan, exintegrante del Batallón 601, quien –al igual que en las primarias y en las generales– presentó una solicitud para ir a votar ante la justicia federal de La Plata.
Crinigan escribió junto a la candidata Villarruel, el libro “La nación dividida: Argentina después de la violencia de los ‘70”, donde asegura que no hubo terrorismo de Estado sino que fue una “guerra revolucionaria” donde las víctimas no eran “jóvenes idealistas”.
El exgerente de Recursos Humanos de Molinos de La Plata, Emilio Parodi –preso en La Plata, acusado de secuestrar y entregar a obreros– también pidió autorización para abandonar su hogar y concurrir a las urnas este domingo.
En esta misma línea se ubicó Rufino Batalla, uno de los militares que operaban en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionó en una unidad contigua al penal de Olmos.
En el caso de Enrique Stel, un excombatiente de Malvinas que trabajó junto al padre de Villarruel en la Compañía de Comandos 602, fue la justicia de Bahía Blanca –distrito donde se lo juzga– la que ya lo autorizó a votar, aunque el acusado tiene domicilio legal en un country en la provincia de Tucumán.
También solicitó su permiso el agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la dictadura, Rubén Héctor Escobar, quien está acusado de actuar en los centros clandestinos Automotores Orletti y la base Pomar. Lo propio hizo, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, el policía federal Oscar Roberto Gutiérrez, condenado a prisión perpetua por los delitos sometidos en Orletti.
Asimismo, los represores Alejandro Salice, Roberto Sifón y Roberto Obdulio Godoy –todos condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Sheraton y en la comisaría de Ramos Mejía– también solicitaron ir a votar en el balotaje.
