La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, opinó que las políticas de saqueo y hambre se buscan garantizar con medidas que niegan el concurso del Congreso y recurren a la violencia para amedrentar a los que reclaman por sus derechos.
Los militares agrupados en Unión de Promociones delegación Mendoza entregaron una carta al diputado electo por La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, donde también cuestionaron los juicios por delitos de lesa humanidad: “¿Se puede realmente reconstruir con precisión los hechos acaecidos en un pasado tan lejano para administrar justicia?”.
La ley permite que los condenados por delitos de lesa humanidad voten siempre y cuando no tengan condenas firmes. En los últimos días, cerca de veinte represores, genocidas, espías y hasta pilotos de los vuelos de la muerte, de la última dictadura cívico militar, pidieron permiso para ir a votar en el balotaje.
El 27 de octubre de 2010 fallecía, a causa de una afección cardíaca, el ex presidente Néstor Kirchner. “Sabía que tenía que hablar con hechos, por eso construyó su credibilidad con medidas dirigidas a devolver a los trabajadores el papel central en la sociedad”, recordó el diputado y gremialista, Hugo Yasky.
La medida. fue pedida por la legisladora, por entender que existió una afirmación falaz y calumniosa de parte de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.
Los jueces evaluaron que su estado de salud no justifica el beneficio y tuvieron en cuenta la gravedad de los delitos por los que cumple condena, dentro de los que se inscriben desapariciones, asesinatos y torturas.
“Conozco el trato inequitativo y en ocasiones inhumano que han recibido muchos oficiales y suboficiales retirados, a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez, mediante una salida justa”, expresó la candidata a presidenta en una carta enviada a integrantes de las Fuerzas Armadas.
Juan Carlos Avena, Eduardo Emilio Kalinec y Luis Donocik, condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, fueron beneficiados con salidas transitorias y la Secretaría de Derechos Humanos se manifestó en contra.
Los jueces apuntaron que los represores y genocidas se encuentran condenados a prisión perpetua y están detenidos en sectores subpoblados, por lo que sus riesgos ante la pandemia de Covid-19 son menores.
Funcionarios bolivianos anunciaron que la sentencia de la justicia italiana a los dictadores del "Plan Cóndor" viene acompañada de una indemnización para las víctimas, denunciantes y abogados, que sería mayor al millón de dólares.
La Corte de Apelaciones de Roma decidió modificar la sentencia que había emitido en enero de 2017 en un proceso por el secuestro y homicidio de 23 ciudadanos italianos.
Hace 35 años un grupo armado ingresó al Palacio de Justicia y sustrajo documentación que comprometía a represores.