Por Horacio Rovelli

La deuda externa argentina en diciembre de 2015 era de 240.665 millones de dólares, el 60 % de esta era intra sector público (en poder de la ANSES, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9 %, con organismos internacionales (sin contar el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31 % restante se le debía al sector privado.

En diciembre de 2019 la deuda externa pública nacional pasó a ser de 323.065 millones de dólares, el 40 % de esta era intra sector público; 22,7 % con organismos internacionales (mayormente el FMI por un equivalente a 44.500 millones de dólares) y 37,3 % se le debe al sector privado. La deuda se incrementó en 82.400 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, en el que demuestra que, de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares —prácticamente el incremento del endeudamiento fiscal nacional —, el BCRA se lo vendió a los bancos y estos los compraron para sí o para sus clientes.

Decía el expresidente Juan Domingo Perón cuando en Argentina se defendía el mercado interno: “A los mercados los regula el Estado a favor del pueblo, o lo hace el gran capital, en beneficio de sus privilegios».

Fue necesaria la dictadura militar para cambiar los paradigmas de la sociedad, impregnando todo con su visión y discurso dominante de libre mercado, que es el verdadero logro cultural de la dictadura de Videla, Massera y Agosti. El golpe de Estado del 24 de marzo 1976 produjo profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta comercial y de capitales y, con ello, de subordinación al capital financiero internacional, cuya principal base son los Estados Unidos.

Solo logró revertir esto, muy parcialmente, el primer año del gobierno de Alfonsín con su ministro Bernardo Grinspun, pero con Juan Vital Sourrouille, el 1 de julio de 1985, mediante los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del BCRA, se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar, a los que la gestión de Grinspun se había negado a reconocer hasta que no se supiera el origen y destino de los fondos, por “Obligaciones del Banco Central de la República Argentina».

Uno de los mentores de ese remplazo de títulos firmados en el final de la dictadura por Domingo Cavallo y Dagnino Pastore, y por Julio González del Solar y Jorge Wehbe, y obviamente asesorado por los abogados y contadores de las grandes empresas beneficiadas, fue el (en esa época) jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central de la República Argentina, Carlos Alberto Melconian.

Melconian, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde pidió anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la ultima dictadura cívico militar

Melconian, a posteriori, en 1986, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde pidió anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la ultima dictadura cívico militar. La investigación que llevaban adelante los auditores del Banco Central era causada por considerarse esa deuda como «créditos fraudulentos y de dudosa legalidad», declarados por empresas privadas, deuda valuada en al menos 6.000 millones de dólares. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras (IBM, Esso, Renault, Kodak, etc.) y nacionales, entre estas últimas, Pérez Companc, Bridas (Bulgheroni), Aluar (Madanes Quintanilla), Laboratorios Bagó SA, Sideco Americana S.A. y Socma(Grupo Macri), entre otras.

Es más, haciendo una lectura crítica del rol del BCRA en la administración de la deuda externa, Domingo Felipe Cavallo en su libro Economía en tiempos de crisis, reconoce que, si bien él estatizó la deuda privada en pesos, no lo hizo con la deuda privada en moneda extranjera y que en ello jugó un rol preponderante Carlos Melconian.

El auditor de la deuda externa argentina, Néstor Forero, nos explica: “Cavallo nunca fue llamado a declarar por este tema ni él se presentó voluntariamente. Por nuestra parte, le pedimos al juez de la causa que lo llamara a declarar y realizara un careo con Melconian, dado que su corresponsabilidad en la estafa de la deuda externa es incuestionable, y la justicia argentina nunca lo hizo”.

Le pedimos al juez de la causa que llame a Cavallo a declarar y realizara un careo con Melconian, dado que su corresponsabilidad en la estafa de la deuda externa es incuestionable, y la justicia argentina nunca lo hizo

Pero sí sabemos que Carlos Melconian fue uno de los tenedores de deuda que demandó a la Argentinaen los juicios que se iniciaron en 2003 ante el juez estadounidense, Thomas P. Griesa, por 772.268 dólares. Se trata del mismo reclamo que impulsaron los fondos buitre y otros acreedores por los bonos soberanos argentinos que entraron en default por el crack financiero de 2001, asunto que se cerró en 2016, cuando el gobierno de Macri aceptó pagar 9.350 millones de dólares a los holdouts. Melconian percibió y con creces una suma de dinero, y esto se supo de un documento judicial estadounidense del 6 de febrero de 2009 donde figura su nombre como acreedor y denunciante contra la Argentina.

Melconian fue presidente del Banco de la Nación Argentina con Macri y ahora sería ministro de Economía si fuera Presidenta Patricia Bullrich.

La opinión completa de Horacio Rovelli la podes escuchar en el audio.