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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia anuló la reelección indefinida en un dictamen que además deja afuera de los comicios presidenciales de 2025 a Evo Morales, que acusó hoy “al Gobierno y la derecha” de «conspirar» para “proscribir” su candidatura.
«La restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder», señaló la sentencia, de 82 páginas, publicada este sábado en la página web de la corte.
Este dictamen, sin posibilidad de apelación y que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida «no es un derecho humano», tiene como sustento una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el alcance de la figura de la reelección presidencial ilimitada.
En agosto de 2021, en una opinión consultiva solicitada por el anterior gobierno de Colombia, la Corte IDH concluyó que «la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre».
Basándose en eso, la sentencia del tribunal de Bolivia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye también a gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigencia del actual texto constitucional, es decir, desde 2009, consignó la agencia de noticias Europa Press.
Así, esa sentencia impide a Morales presentarse al frente de la boleta para presidente en los próximos comicios, una candidatura que impulsa un sector del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
El líder indígena, enfrentado con el actual mandatario Luis Arce, de su mismo partido, ya ejerció durante tres periodos continuos entre 2006 y 2019.
El dictamen comunicado las últimas horas anula otro emitido por el mismo Constitucional en 2017, cuando los anteriores magistrados del tribunal autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato, con el argumento de que se trataba de un «derecho humano»
Ese fallo generó controversia, ya que la Constitución establece que nadie puede gobernar el país por más de dos periodos consecutivos y, en 2016, los bolivianos rechazaron en un referendo modificar la Carta Magna para habilitar una nueva postulación.
«La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana», reaccionó este sábadp el exmandatario en su cuenta de la red social X.
«Los neoliberales se unen para tratar de proscribir al MAS-IPSP y eliminarnos política y hasta físicamente. Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!», añadió.
En un posteo posterior, el exmandatario subió fotos de una actividad en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical como dirigente cocalero, y también apuntó contra el dictamen del Constitucional: «Asumiremos decisiones y acciones de manera conjunta para defendernos ante los ataques políticos de la derecha interna y el imperio que desde la Casa Grande del Pueblo intentan proscribir al movimiento indígena y su instrumento político».
«Nunca nos rendiremos ni nos venderemos por pegas ni prebendas. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Luchamos por Patria», apuntó.
No se trata de la primera vez que la justicia frena su candidatura: hace diez días el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la nulidad de congreso que el MAS realizó en la localidad de Lauca Ñ y en el que se había declarado a Morales como postulante a la presidencia en 2025.
Esa corte señaló que hubo irregularidades en el proceso y ordenó la repetición del encuentro, mientras que el exmandatario criticó el fallo y dijo que apelaría a instancias internacionales para revertirlo.
Ese congreso fue uno de los puntos altos de la disputa interna en el MAS entre el sector evista y los llamados renovadores, que se referencian en el presidente Arce.
En ese encuentro, convocado por la conducción del MAS, que encabeza Morales, se consideró “autoexpulsados” a Arce y al vice David Choquehuanca.
En medio de esa división en el oficialismo, que debe elegir a una nueva mesa directiva antes de mayo en coordinación con las organizaciones sociales que dan poder al partido, llegó este último dictamen del TCP que fue celebrado por la oposición.
Jeanine Áñez, encarcelada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución vinculados a las acusaciones de golpe de Estado, dijo que la decisión judicial «pone punto final al delirio de Morales de reelegirse por siempre».
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la sentencia es un impedimento para que ningún «aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder».
Camacho, que esta semana cumplió un año preso, está acusado por la fiscalía de Bolivia de haber sido el autor de forzar la renuncia de Morales en 2019, tras acusarlo de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el Gobierno hasta 2025.
En la misma línea, el líder de la bancada de oposición, Carlos Mesa señaló: «Evo Morales y (el entonces vicepresidente Álvaro) García Linera violaron la Constitución (…) con la complicidad del TCP».
