Decenas de miles de israelíes se manifestaron en los últimos días en Tel Aviv y cerca del parlamento en Jerusalén, en rechazo a una controvertida reforma judicial que enfrenta una votación crucial en los próximos días. Este lunes la policía debió intervenir para contener a los manifestantes.

Esta reforma, impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, divide profundamente a Israel, que vive desde enero uno de los movimientos de protesta más largos de su historia.

Según el gobierno, la reforma permitirá, entre otras cosas, reequilibrar los poderes, reduciendo las prerrogativas de la Corte Suprema, que el Ejecutivo considera politizadas, en beneficio del Parlamento.

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El Parlamento israelí aprobó una cláusula clave de la controvertida reforma judicial impulsada por la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para pronunciarse sobre medidas del gobierno, decisión que originó un inusual comunicado de crítica de parte del Gobierno de EEUU, que venía alertando que la iniciativa era, como mínimo, «apresurada».

 

El texto fue aprobado por 64 diputados de la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y extrema derecha, mientras que la oposición decidió boicotear la votación.

La sesión en el Parlamento, que cuenta con 120 legisladores, se realizó en presencia de Netanyahu, de 73 años, que fue dado de alta hoy temprano del hospital, tras ser sometido ayer a una cirugía para colocarle un marcapasos.

Poco antes, la policía dispersó con carros hidrantes a cientos de manifestantes que bloqueaban la entrada al Parlamento. La reforma sacó a decenas de miles de manifestantes a las calles durante varios meses.

Las protestas han atraído el apoyo de todos los estratos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha, grupos seculares y religiosos, activistas por la paz y reservistas militares, así como trabajadores manuales y del sector tecnológico crucial para la economía del país. La votación se centró en la llamada cláusula de «razonabilidad», que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del Gobierno que consideren «irrazonables».

Se trata de la primera cláusula clave de la reforma en convertirse en ley. Otros cambios propuestos incluyen dar al gobierno mayor poder en el nombramiento de jueces.

Los críticos de Netanyahu lo acusan de querer usar esa reforma con el objetivo de atenuar un eventual veredicto de culpabilidad en denuncias de corrupción en su contra.