sáb 10.12.22
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El proyecto impulsado por Fagioli, Hagman y Zaracho propone designar a un interventor federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy.
El exministro de la Corte Suprema de la Nación, reflexionó sobre cual sería la propuesta más viable para mejorar la situación del Poder Judicial y reestructurarlo para "resolver los conflictos de los ciudadanos y garantizar la supremacía de las normas constitucionales"
Además, dijo que ve "un partido judicial que forma parte de una coalición de derecha que lo tiene de jefe a Mauricio Macri que siempre ha necesitado del poder judicial".
El titular del Observatorio de la Riqueza, Guillermo Robledo apuntó que no se discutirá la legitimidad de lo actuado por Macri, y encima no harán nada para detener el saqueo, no hay voluntad de revertir este condicionamiento impuesto por la Constitución y la arbitrariedad de los capitales.
Lo afirmó el abogado laboralista, Matías Cremonte, quien consideró además que esta presente en la conciencia de todos ellos, tanto que en el video filmado en el Banco Provincia de la mesa judicial macrista, se puede ver que se proponían volver al siglo XIX.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, una banda delictiva que usurpó y malversó las distintas áreas del Estado para cometer una cantidad de delitos impresionantes con el fin de neutralizar a los sectores políticos que le podían poner freno a las políticas que venían a llevar a cabo".
En las carpetas que se encontraron en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se podía leer que se llevarían adelante contra los trabajadores “acciones que permitan seguir construyendo el perfil del enemigo, es decir de las mafias que temen perder sus privilegios”.
El jurista Miguel Rodríguez Villafañe relacionó esta situación con la deuda externa y la vinculación existente entre los cortesanos y lo poderes fácticos de turno.
El ex juez Luis Carzoglio explicó cuál es la gravedad que atraviesa la República Argentina y llamó a todos los sectores de la sociedad a participar y comprometerse para encontrar las soluciones que necesitamos.
A través de un documento los dirigentes rechazaron "ese tipo de maniobras alejadas de las prácticas democráticas necesarias para construir un país en el que la división de poderes sea un valor importante para convivir en paz y en armonía social".
Desde la Asociación Civil consideran que la convocatoria judicial desconoce que la medida fue debatida públicamente durante 15 años.
La denuncia afirma que existió un "nexo causal" entre el fallecimiento de la docente y la decisión del Gobierno porteño de hacer "caso omiso" al Decreto 241-21 por el cual se suspendía la presencialidad escolar.