El Gobierno de Javier Miei comenzó con dos claros golpes contra los sectores populares, sectores medios y contra el universo de los trabajadores tanto formales como informales.

El ajuste sobre “la casta”, tan vociferado por el presidente de la nación en la campaña electoral, no fue tal y así se constituyó en el primero de ellos. El segundo tiene su nacimiento en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien subrayó que aplicará su protocolo contra la protesta social al momento de que esta tome forma con el paso de los días.

Así, algunos gremios rosarinos ya hacen escuchar su voz ante el pronóstico de que la medida de Bullrich busca criminalizar la protesta social.

En tal sentido, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario, Marcelo Andrada, expuso: “Por más que endurezca las leyes lo que respondemos es que los trabajadores tenemos derechos, y lo vamos a hacer valer estando donde decidamos estar, si hay que movilizar para pelear contra el Estado nacional, provincial, municipal por nuestros derechos, lo vamos a hacer y nos vamos a hacer escuchar por más que nos quieran frenar”.

Sobre las primeras medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, el dirigente gremial agregó: “Con estos anuncios volvemos a un retroceso y miles de argentinos que votaron a La Libertad Avanza desde ahora comenzarán con el arrepentimiento”.

 Asimismo, el titular del Sindicato de Empleados de Correos y Telégrafos (Secyt) de Rosario, “Walter Palombi, manifestó que “una vez más una persona impresentable de la política como Patricia Bullrich pretende acallar con palos y balas los resultados de las medidas económicas que está avisando el ministro Caputo”.

“La verdad es que todo esto cansa y es inapropiado para aplicar y el lugar nuestro va a ser la calle y discutiremos lo que tengamos que discutir, en el caso particular nuestro si nos quieren echar gente y cambiar condiciones laborales no le vamos a decir a la ministra que nos dé permiso, vamos a salir cuando tengamos que salir para hacer sentir el descontento de los trabajadores”.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, indicó que “la actual ministra de inseguridad de la nación debe recordar cuando en pandemia convocó un piquete en la 9 de Julio y prendió fuego barbijos y ahora nos viene con esto del protocolo que nos parece un horror, y fundamentalmente inconstitucional de impedir el derecho a la protesta. Insisto, el protocolo es absolutamente inconstitucional”.

Para el titular del Sindicato de Encargados de Edificio (Suteryh), Claudio García, “el orden social es necesario para el pueblo, pero esto parece más un estado sitiado por políticas anti obreras. En la historia del trabajo en Argentina uno de los mayores logros fue el derecho a huelga y se manifiesta en las calles marchando”.

“Ahora, si el Estado sale a cazar trabajadores ojalá no tengamos que lamentar ningún mártir”, subrayó el dirigente gremial que en relación al paquete de medidas económicas anexó: “Vamos hacia la República del trueque y el Patacón. El combustible, los alimentos, los impuestos, la pérdida del salario, los ajustes, los paga el pueblo y no la casta política”.