Ante el conflicto salarial que mantienen los remolcadores con las empresas del sector, a raíz del cual hubo un paro en la actividad durante los últimos días, la Cámara Armadora de Remolcadores (CAR) decidió en las últimas horas que los tripulantes desembarquen de los navíos que estén anclados en los puertos del país. No obstante, desde el gremio que nuclea a los trabajadores marítimos advirtieron que esta medida pone en riesgo la seguridad de las terminales fluviales y marítimas.
Tanto la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) como el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), ambos encabezados por Raúl Durdos, indicaron que la decisión de la CAR implica una falta de seguridad en las terminales portuarias, ya que “en caso de ocurrir una emergencia en algún puerto del país no se podrá contar con ninguna embarcación para acudir a esa necesidad”.
El conflicto entre las partes surgió a raíz de un desacuerdo salarial: como la paritaria del sector venció el pasado 31 de marzo, los trabajadores exigen una nueva negociación. Por tal motivo, después de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la cual tuvo lugar el pasado martes, el gremio decidió realizar un cese de actividades en todas las empresas remolcadoras del país.
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Como respuesta al paro, la CAR implementó una especie de flexibilización laboral en sus jornadas de trabajo y en sus tareas dentro de los puertos. No obstante, los gremios denunciaron que la orden de hacer desembarcar a los tripulantes de los remolcadores obedece a un “posicionamiento político en un año electoral” y no a un tema de costos, ya que este año “la Cámara ha cambiado sus autoridades”.
En esta línea, indicaron que el presidente de la Cámara Armadora de Remolcadores es Christian Burgauer, quien también es gerente comercial de la empresa SVITZER SA, una multinacional que depende de la gigante de los mares Maersk.
“Maersk es una empresa monopólica mundial que se quedó con todos los mercados gracias a la estrategia del dumping, generando a su vez trabajos precarios en otros países, lo que pretende imponer también en Argentina”, denunciaron desde FESIMAF.
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En esta línea, indicaron que la empresa SVITZER llegó al país en el año 2017, de la mano del Gobierno de Mauricio Macri, ganando una licitación sin tener los buques en Argentina, y redujeron así las tarifas de los servicios en un 80%.
“Uno de los funcionarios de aquel momento que generó el ingreso de la empresa fue Ignacio Penco, quien trabajaba en la Subsecretaría de Vías Navegables y de la Marina Mercante. Y hoy se desempeña como abogado de la CAR y responde directamente a los intereses de la empresa SVITZER”, agregó la Federación de trabajadores marítimos, la cual aseguró que no se detendrá hasta conseguir la recomposición salarial de los trabajadores.
