El gremio que nuclea a los docentes públicos de toda la provincia realizó este jueves una denuncia en el Ministerio de Trabajo contra el Gobierno provincial por el incumplimiento del acta paritaria 2023 que afecta a la economía de los docentes que percibieron el mismo sueldo que el mes anterior. Los referentes señalaron que en el decreto Nº 1836, en el artículo 17, los salarios del mes de enero debían hacer frente a esta diferencia salarial del 36,4% y no del 14% como decidio arbitrariamente la gestión de Pullaro. En la oportunidad, también las organizaciones Sadop, Siprus y Festram realizaron denuncias similares en representación de sus trabajadores.
Rodrigo Alonso, secretario genral de Amsafe, manifestó que “venimos a presentar una denuncia por incumplimiento del acta paritaria que establece en el decreto Nº 1836, en el artículo 17. Claramente que con los salarios del mes de enero debían hacer frente a esta diferencia salarial, que es del 36,4% no del 14%. Está claro que el gobierno se vio obligado a escuchar a los trabajadores de la educación, reconocer que efectivamente hay una deuda con los docentes activos y jubilados, pero está claro que el porcentaje no es el 14%”, sostuvo el dirigente.
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El Poder Ejecutivo provincial justifica este incumplimiento de la paritaria, homologada mediante el decreto N° 1836/23, con el argumento de que la misma fue cerrada por el gobierno anterior, lo que constituye una conducta antijurídica y arbitraria. Un Convenio homologado, como el presente, es de cumplimiento obligatorio tanto para los trabajadores docentes como para el Estado empleador independientemente de la administración que se encuentre en la conducción del gobierno.
De esta manera, AMSAFE denunció la negativa del Gobierno a cumplir con lo dispuesto «como un acto ilegal, arbitrario y contrario a la buena fe». Asimismo, intimó al Ejecutivo a cumplir, en un plazo perentorio, lo dispuesto en el acuerdo paritario 2023.
Por su parte, Amsafe Rosario realizará la semana que viene jornadas gremiales con cese de actividades, pedagógicas y administrativas, para debatir la situación que hace a las condiciones de trabajo y de las escuelas públicas (cargos, infraestructura, violencia), como las urgencias salariales y las acciones a impulsar.
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