Se trata del método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país, pero solo aplica ante causales específicos y con sanciones que no llegan al terreno judicial.
El mandatario nacional además adelantó que también requerirá que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.
Desde el espacio político cuestionaron la relación entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y el director general de vocalía de la Corte Suprema Silvio Robles. El gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora, adelantó que pedirá el juicio político para el juez del máximo Tribunal.
En el tercer trimestre crecieron un 32% las denuncias por violencia doméstica, según informó la OVD. Un dato alarmante es que el 50% de las denuncias dio cuenta de la existencia de violencia física.
La reciente decisión del máximo tribunal provincial, por la que el reconocimiento de la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas está más cerca, fue valorada porque toma en cuenta el “principio de primacía de la realidad” y porque refrenda la decisión política de “proteger a los trabajadores”.
Esto deriva de la difusión de una serie de chats atribuidos al funcionario y a Silvio Robles, director general de vocalía de la Corte Suprema de Justicia y señalado como colaborador directo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.
El máximo Tribunal provincial reafirmó el “principio protectorio del derecho del trabajo frente a cualquier innovación que pretenda vulnerarlo” y “el de la realidad por encima de la ‘apariencia’ utilizada por la empleadora para eludir sus obligaciones”.
Tras dar marcha atrás con la decisión de no acatar el fallo de la Corte, que obligaba al Gobierno Nacional a pagar el 2,95% de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente anunció que el desembolso se hará mediante bonos. No obstante, la gestión de Larreta rechazó esta forma de pago e irá al máximo tribunal para denunciar el incumplimiento de la transacción.
"Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional", explicó el Presidente sobre la decisión del Máximo Tribunal que obliga al Estado nacional a transferir fondos a CABA.
El fallo “hiere seriamente a los estados provinciales y al federalismo, violando la Constitución Nacional y las leyes vigentes en materia de Coparticipación Federal de Impuestos”.
Los antecedentes de la causa se remontan a 2020, cuando se produjeron las primeras inspecciones, motivadas por reclamos del sindicato Empleados de Comercio, por infracciones vinculadas a la ley de contrato de trabajo.
Mediante una carta digital, referentes y representantes de distintos ámbitos desaprobaron la decisión judicial que "reintegra en forma absolutamente indebida recursos pertenecientes al conjunto de los pueblos de la Nación".