Termina un año marcado por despidos y cierres

El 2019 no sólo representa el fin de una década, sino también el fin de un modelo político neoliberal que durante cuatro años destruyó miles de puestos de trabajo, provocó el cierre de un sinnúmero de fábricas y obligó a que los gremios deban pelear con uñas y dientes por los derechos de sus trabajadores.

El año estuvo marcado por denuncias de precarización laboral, cifras récord de desempleo, trabajadores despedidos, manifestaciones, represión, conflictos gremiales, paros generales y algún derecho conquistado.

Algunas cifras

Al final del tercer trimestre del 2019, el desempleo alcanzaba a un 9,7 por ciento de la población argentina, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Éstas cifras están estrechamente relacionadas con las que informó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), donde especificó que en el 2019 se perdieron 16 puestos de trabajo por hora, para llegar a 138.690 trabajadores despedidos en menos de un año.

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La situación, característica de los tiempos de crisis, se vio agravada por el crecimiento del empleo informal y por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, la cual cayó -en promedio- más de 20 puntos.

Hacia comienzos de diciembre, la UNDAV registró 2,2 millones de desocupados en el país y alertó que la industria manufacturera perdió 51.263 puestos de trabajo en el último año, con lo que se transformó en el segmento con más empleos destruidos.

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29 de mayo: el día que los trabajadores pararon

Si bien durante el año los diferentes gremios convocaron a diversas medidas de fuerza -algunas más prolongadas que otras- fueron muchos los sectores que, ante la vulneración de derechos laborales y el cada vez más pisoteado poder adquisitivo de los trabajadores, exigían que la Confederación General del Trabajo (CGT) llame a un paro general.

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Tras una larga espera que no estuvo exenta de malestar y tensiones, finalmente la CGT convocó a un cese de actividades el día miércoles 29 de mayo, siendo el sexto paro general que el organismo realizaba contra el gobierno de Mauricio Macri.

Mientras los ministros de turno calculaban cuánto dinero iba a perder el país a causa del paro, desde la Confederación comunicaban que la medida se realizaba en rechazo a las políticas del Gobierno del presidente y a «la aceleración de la decadencia de la economía» de los trabajadores.

Los docentes de Chubut y el paro que duró cuatro meses

Sobre fines de julio, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) convocó a un paro de 48 horas ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial de reparaciones de edificios escolares comprometido durante el receso y por la demora en el pago de los jubilados, la interrupción de las prestaciones de la obra social y el incumplimiento de la cláusula gatillo.

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El conflicto entre los docentes y el gobierno provincial fue en aumento, y la medida de fuerza que comenzó siendo de 48 horas se extendió a 17 semanas. A lo largo de este proceso, los docentes fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad chubutenses en reiteradas ocasiones, el secretario general de Atech, Santiago Goodman, fue detenido en una movilización y dos educadoras fallecieron en un accidente de tránsito, cuando regresaban de una marcha.

Los actos represivos no pasaron desapercibidos para el resto del país, a tal punto que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llamó a un paro nacional al que adhirieron gremios docentes, entre ellos los de la provincia de Santa Fe, que cesaron sus actividades durante 24 horas.

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Trabajadores estatales, víctimas de la precarización

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) denunció que en la provincia de Santa Fe hay 4.500 empleados precarizados -que se desempeñan tanto ámbitos municipales como provinciales-, mientras que de ese total, unos 2.500 realizan sus actividades en Rosario.

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Por este motivo, los estatales desarrollaron en los últimos meses del año diferentes medidas de fuerzas, para exigir al gobierno saliente y al entrante que resuelvan su situación y pasen a planta permanente a los trabajadores precarizados.

Los empleados afectados, que se desempeñan en ambientes como la Secretaría de cultura y Educación, Desarrollo Social, Plataforma Lavardén, Tríptico de la Infancia y el Concejo Deliberante, entre otros, debieron suspender sus actividades a modo de protesta y aún continúan esperando una respuesta por parte del gobierno provincial y municipal.

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Discapacidad, un sector golpeado

Durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, el sector de discapacidad se vio fuertemente golpeado debido a la quita de pensiones y al recorte ejecutado por las obras sociales.

El 2019 estuvo marcado por los reclamos de los transportistas, quienes denunciaron atrasos en el pago del programa Incluir Salud, que depende de Nación, lo que los impulsó a realizar sucesivos paros y manifestaciones tanto en la ciudad de Rosario como en las puertas de la Quinta de Olivos.

Tal es la magnitud de la deuda que Nación mantiene con los transportistas, que en la zona de Rosario se registraron 46 prestadores de este servicio que se dieron a la baja debido a la imposibilidad de prestar el servicio en un contexto de ajuste y falta de pago.

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Además, durante el año desde el sector remarcaron la suba de costos, los aranceles caídos y los pagos atrasados de obras sociales, lo que agravó su situación.

Zanella: una histórica que se fue del país

A lo largo del año, la histórica fábrica de motos Zanella fue despidiendo a personal de las distintas plantas que tiene distribuidas en el país y, a principios de diciembre, anunció que dejará de producir en Argentina.

De esta forma, la crisis que padece el sector automotríz sufre un nuevo golpe, mientras que la salida de Zanella de Argentina arroja una considerable cantidad de trabajadores despedidos, quienes denunciaron tener serios problemas con la firma para cobrar la correspondiente indemnización y además se les adeudaba salarios y aguinaldos.

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Durante este año, la compañía había cerrado tres de sus cuatro plantas, ubicadas en Mar del Plata, San Luis y Cruz del Eje y sólo seguía produciendo en su fábrica de Caseros, donde en noviembre pasado había despedido a 75 empleados.

Locales vacíos, lo que la crisis nos dejó

Durante el 2019 fueron varios los locales de Rosario que debieron cerrar sus puertas debido a la caída del consumo y al aumento en las tarifas, entre ellos comercios o espacios tradicionales en la ciudad, como el Bowling 10, ubicado en Córdoba 864, que al cerrar dejó a cinco trabajadores en la calle y sólo les querían pagar la mitad de la indemnización correspondiente.

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En esta línea, la famosa panadería y pastería «La Recova», ubicada en Laprida y Rioja, cerró sus puertas en diciembre tras no poder sostenerse más, como consecuencia de la crisis que atraviesa el país. Con el cierre de este espacio, ocho empleados perdieron su fuente laboral.

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Otro local que debió bajar sus persianas ante la disminución en los clientes y la suba de impuestos fue el bar y pool “Sinatra”, ubicado en Pellegrini al 900, constituyendo así otro golpe al sector gastronómico, que sufrió el cierre de muchos locales en el último tiempo.

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La “Ortopedia Americana”, ubicada en la intersección de Corrientes y Santa Fe, la cual contaba con más de treinta años de trayectoria, también cerró sus puertas dejando en la calle a siete empleados cuyas antigüedades van desde los 25 a los 30 años.

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Peones de taxis y un año movido

La segunda mitad del año fue un tanto movida en el Sindicato de Peones de Taxis, luego de a comienzos de septiembre, el entonces secretario general Horacio Boix chocara un auto Audi A7, propiedad del sindicato, contra un móvil policial. Sin embargo, fue grande la sorpresa cuando se supo que el gremialista acumulaba tres siniestros en vehículos similares.

Tras el choque se conoció que el dirigente del gremio había sido suspendido del cargo días antes, por sospechas de malversación de fondos. De acuerdo a los primeros indicios de la investigación, el desfalco habría sido de entre 250 y 300 mil pesos mensuales durante este 2019.

El gremio entonces realizó una denuncia contra Boix, que derivó en una auditoría al sindicato.

Tras amenazas y fuertes operativos policiales para evitar conflictos en el Sindicato, ubicado en Salta al 2800, desde el gremio decidieron expulsar a Boix y, a través de una votación, Horacio Yannotti fue elegido como Secretario General de los peones de taxis.

No obstante, Boix parece no tener en mente quedarse quieto y asegura que recuperará su puesto, amparándose en las supuestas irregularidades que tuvo su separación del cargo.

Los despedidos de Electrolux y la pelea que no termina

Durante el 2019 Electrolux despidió a cerca de 40 trabajadores, quienes a lo largo del año realizaron múltiples manifestaciones para exigir su reincorporación.

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En una de las primeras movilizaciones que realizaron los despedidos frente a la fábrica (en Batlle y Ordoñez al 3400), los trabajadores fueron denunciados por la empresa, amenazados con ser desalojados a través de represión. Finalmente, los manifestantes fueron imputados en la Justicia bajo el delito de “sabotaje y usurpación por turbación en concurso ideal en calidad de coautores”.

A pesar de que el Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Nº 74 resolvió: “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y (…) decretar la suspensión de los efectos del despido” en Electrolux y de que la Cámara Nacional de Apelaciones ratificara este medida que da marcha atrás con los despidos, Electrolux continúa impidiendo la entrada de los trabajadores reincoporados.

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La conquista del año fue de las colectiveras

A fines de mayo el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la modificación en algunos artículos de la ordenanza de 2006, que creó el Programa de Mujeres Choferes del Transporte Urbano de Pasajeros, para ampliar la obligatoriedad, en futuros pliegos de transporte, en el ingreso bajo términos de paridad de género, ya que hasta ahora sólo debía cumplirlo la empresa estatal, que tampoco lo venía haciendo.

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Además, con los cambios a la normativa ingresados en el recinto, se dispuso un control trimestral de cumplimiento y multas económicas para los que no lo hagan.

Con esta ordenanza sancionada, colectiveras que habían trabajado en la empresa Movi por un corto período – cubriendo vacaciones de otros conductores- denunciaron que nunca más fueron convocadas por la firma, motivo por el que iniciaron un proceso judicial contra la empresa.

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Luego de una lucha constante para hacer cumplir la Ley, las mujeres colectiveras tuvieron respuesta positiva. En una audiencia en los Tribunales Provinciales, la empresa se comprometió a implementar el cupo correspondiente, además de haber sido multada por no haberlo hecho cuando correspondía.