Los fallos judiciales que frenaron los aumentos en las tarifas de gas y electricidad obligaron al Gobierno a esperar un fallo salvador de la Corte Suprema, pero por si esa decisión demora, en el gabinete empiezan a pensar en un plan alternativo que permita sostener la readecuación financiera del servicio.
Las principales distribuidoras ya avisaron que de prosperar los fallos judiciales sus cuentas quedarán al borde de la bancarrota, lo cual pondrá en riesgo la provisión del servicio.
Esto obligará al Estado a retomar la asistencia financiera para evitar que el sistema se acerque al colapso. Para ello, cerca de la Casa Rosada dicen contar con espaldas financieras para la coyuntura, aunque coinciden en que se necesita una solución de fondo: convalidar legalmente los ajustes que ya provocaron dos protestas en las últimas semanas.
Por ahora todo indica que las distribuidoras Metrogas, Gas Natural, Edenor y Edesur deberán refacturar con los valores anteriores, lo cual representará para el Estado seguir desembolsando subsidios multimillonarios, lo cual inquieta a quienes deben manejar las cuentas públicas.
Se espera que en los próximos días el Enre y el Enargas concreten la instrucción completa a las compañías para adoptar ese camino.
El problema es que si no hay novedades en el frente judicial, refacturar implicará para las distribuidoras devolverle a los usuarios del área metropolitana fondos casi por lo que quedará cobrar en el resto del año, lo cual implicará que no habrá ingresos corrientes, por ejemplo, para reparaciones o pago a proveedores, y deberán ser socorridas por el Estado.
Existe temor en la Casa Rosada por la posibilidad de que el máximo tribunal se tome más tiempo del esperado o, en el peor de los casos, se expida a favor de los fallos de primera instancia y obligue a barajar y dar de nuevo con la cuestión tarifaria, como pidió la diputada Elisa Carrió.
El tema está siendo analizado por un equipo de funcionarios que integran el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Energía, Juan José Aranguren; y el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui; entre otros, que podrían reunirse el martes, luego del acuerdo habitual de la Corte Suprema, y adoptar decisiones en función de las señales que dé el máximo tribunal.
A esta altura, nadie en el gobierno se arriesga a poner los plazos que se tomará la Corte, y mucho menos apuestan a que adoptará alguna decisión antes de fin de mes.
El Gobierno presentó dos recursos de queja a la Corte con efecto suspensivo, con la esperanza de que si los acepta, quedarían provisoriamente vigentes los aumentos de gas y luz, a la espera de fallos que resuelvan la cuestión de fondo.
