Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La Comisión de Legislación Penal que preside la diputada jujeña Gabriela Burgos emitió este martes un dictamen en favor de la iniciativa que agrava en un tercio las penas por delitos y agresiones cometidos contra docentes, médicos, menores de edad, discapacitados y mujeres embarazadas.
El tratamiento del tema se dio en consonancia con el debate que originó la agresión de una mujer a una maestra en una escuela pública de Tigre y otra en Entre Ríos.
El diputado cordobés Juan Fernando Brügge, de la Democracia Cristina, autor de la iniciativa, dialogó con Conclusión y manifestó que el proyecto «plantea el agravamiento de las penas incluidas en los artículos 89, 90 y 91 de la ley 11.179, los cuales hacen referencia a los agresiones, lesiones y secuelas que puede recibir una víctima».
Respecto de las modificaciones a la ley, Brugge señaló que «en el caso del artículo 89 las penas pasan de un máximo de uno a tres años, el artículo 90 pasaría a una pena máxima de seis años y el 91 a un máximo de doce años».
Además, precisó que «la modificación de esta ley implicaría que en caso de ser condenados los agresores tendrían mayor posibilidad de quedar en condiciones de cumplir prisión efectiva».
Según el proyecto, estarán incluidos docentes de ambos niveles, públicos y privados y se planteó que se incluyan a otros servidores públicos como ser médicos y bomberos.
