En una fuerte señal hacia el gobierno santafesino, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, recibió a los padres de los menores que fueron llevados de la costanera de la capital a la localidad de Goya para ser testigos de un allanamiento de la Policía de Santa Fe en Corrientes.
Un total de 16 jóvenes que estaban en la costanera sur de Corrientes fueron subidos a una combi y llevados a Goya en carácter de testigos de un operativo por narcotráfico realizado por la Policía de Santa Fe, que generó una fuerte tensión entre las autoridades de ambas provincias.
Los padres de los menores fueron recibidos por Colombi tras haber presentado una denuncia por «privación ilegítima de la libertad» y, en declaraciones a los medios, cuestionaron que el Gobierno de Santa Fe no se pusiera en contacto con ellos.
«El gobernador comprometió todas las garantías para nuestros chicos y destacamos el hecho que desde un primer momento defendió la integridad de nuestros hijos que estuvieron muy expuestos en toda a esta situación», manifestaron luego del contacto mantenido con Colombi.
Además, lamentaron que los chicos hayan estado «a cara descubierta en todo momento con narcotraficantes» durante el operativo que la Policía de Santa Fe llevó a cabo en la localidad de Goya y en el que el mismo Colombi intervino para impedir.
En las últimas horas trascendió el video del momento en el que el gobernador de Corrientes se presentó en el lugar para detener el operativo por considerar que los policías santafesinos estaban invadiendo la jurisdicción correntina sin autorización local.
Horas antes el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, había señalado que «el gobierno y la policía de Corrientes se enojaron porque no tenían información previa, pero es lo que suele ocurrir antes de dar un golpe a los narcos».
Remarcó además que «los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país», tanto que «en Santa Fe muchos jueces federales de otras provincias hicieron allanamientos», y finalmente sostuvo que habló con su par correntino y «ya se zanjó la discusión».
De regreso en Santa Fe, el jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA) de Santa Fe, José Moyano, que había sido detenido en Goya cuando encabezaba el operativo antinarco ordenado por un juez de su provincia, contó a la prensa que «jamás» en su carrera vivió una situación como la del miércoles.
Relató que Colombi le exigió que dejara libres a los testigos y que él contestó «que no estaban privados de la libertad sino actuando bajo carga pública por órdenes de un juez federal» y que «todos fueron tratados con respeto y pudieron comunicarse con sus familiares porque tenían sus celulares».
Moyano indicó que cuando terminaron de labrar las actas le informaron que quedaba detenido: «Primero me trasladaron a la Jefatura de Goya. Yo preguntaba si me tenían en calidad de detenido, demorado o en comparendo, pero no me decían. Primero me acusaron de privación ilegítima de la libertad de los testigos, luego me entrevistaron los fiscales Patricio) Paliza y (Guillermo) Barry. Me preguntaban del procedimiento y los resultados pero no me decían por qué estaba demorado», relató.
Finalmente le informaron que la jueza de Instrucción Elizabeth Ferreyra le había abierto una causa por privación ilegítima de la libertad por la denuncia de los padres de uno de los testigos: «Firmé el acta y me fui. Me dijeron que habrá una citación para retornar para responder por la imputación», indicó en declaraciones a la prensa local.
Repercusiones
El diputado justicialista de Corrientes Martín Barrionuevo cuestionó la decisión del gobernador Ricardo Colombi de «entorpecer el procedimiento antidrogas que se realizó en Goya por orden de un juez federal de Santa Fe» y definió la situación como «el Reino del Revés».
«Mientras la Policía de Santa Fe detenía narcotraficantes y secuestraba casi tres toneladas de droga, el gobernador de Corrientes mandaba la Policía de nuestra provincia a meter preso al oficial a cargo del operativo», remarcó Barrionuevo.
El legislador, cercano al senador nacional Carlos Mauricio «Camau» Espínola, recordó que «en todos los medios nacionales se pudieron ver repercusiones de este comportamiento insólito del gobernador Colombi, quien debió haber apoyado el operativo que estaba desarticulando una banda de narcos que opera en la ciudad de Goya».
«La cuestión de los testigos llevados desde la capital correntina es para solidaridarse con ellos, pero detenernos en ese detalle implica minimizar el verdadero meollo de este escándalo que ha sido obstaculizar el cumplimiento de una orden emitida por un juez federal», advirtió el diputado.
Barrionuevo recordó que «la fiscal federal interviniente en este caso advirtió que no se le informó del mismo a la Policía de Corrientes porque, a través de escuchas, tienen comprobada la connivencia de sectores de la fuerza de seguridad local con los narcos».
«Lo ocurrido en Goya, con el gobernador ordenando a la Policía de Corrientes detener a sus pares de Santa Fe cuando debió haber colaborado para que capturaran a los narcotraficantes es un contrasentido total y muestra a nuestra provincia como el reino del revés», insistió el legislador.
Advirtió además que «estamos ante una situación de altísima gravedad institucional, ya que no sólo se trata de un papelón del gobernador, sino de algo mucho peor: las autoridades judiciales que ordenaron este operativo sospechan de la complicidad de la Policía de Corrientes con los narcos».
El legislador remarcó que «la posición que asumió el Gobierno de Corrientes en Goya convalida la sospecha de la Justicia Federal con sede en Reconquista acerca de que los traficantes de droga contaban con la protección de sectores institucionales de la provincia».
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