El juez Pablo Cayssials, en un fallo de primera instancia, declaró la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148, que establece el mecanismo de juicio político para la remoción del titular del Ministerio Público Fiscal, según informó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ).
De este modo, queda liberado el escenario para que el gobierno avance en la destitución de la “jefa de fiscales”, cargo del mismo reviste institucional que un ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Remover a Gils Carbó es una de las “obsesiones” del presidente desde que asumió, con varios intentos fallidos de intentar correr de su cargo a quien fuera nombrada por mayoría especial en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Estos episodios incluso originaron un cortocircuito hacia adentro de la alianza Cambiemos, cuando desde el ejecutivo se buscó impulsar en la Cámara de Diputados una reforma del Ministerio Público Fiscal para destituir a la procuradora, provocando una férrea reacción de la diputada Elisa Carrió, además de fuertes criticas de la mayor parte del universo judicial.
Desde el entorno presidencial tienen la creencia de que Gils Carbó es la responsable de varias de las causas que en la justicia involucran al presidente y algunos ministros y funcionarios de rangos menores.
La magistrada llegó a la Procuración General en 2012, luego del frustrado nombramiento de quien fuera jefe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, primera opción propuesta por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el alejamiento de Esteban Righi.
Fue nombrada con reconocimiento y aval de casi todo el arco político, luego de una sólida presentación en el Senado (que contrastó con la presentación de Reposo), y entre otras cosas, haber criticado firmemente desde la Fiscalía General de la Cámara Comercial la megafusión de Cablevisión y Multicanal impulsada por el Grupo Clarín y avalada por el entonces presidente Néstor Kirchner.
