Los camaristas destacaron que detrás de la medida impulsada por el Gobierno “se escuda la pretensión de desangrar al poder del sindicalismo y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo”.
La acción, presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal, sostiene que ese protocolo "se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente".
"Milei no gobierna para las 23 provincias argentinas, sino para ellos mismos. La acumulación de recursos que está haciendo es descomunal seguramente para transferírsela a sus amigos", dijo el gobernador de La Rioja.
Héctor Daer, titular del Sindicato de Sanidad y secretario general de la CGT, inició el encuentro afirmando: "El DNU es ilegal e inconstitucional, les solicitamos que no se le de curso legal en este Congreso".
Mediante un comunicado, expresaron su preocupación por los problemas que acarrea la desregulación sin límites aplicada por el Gobierno, y entienden que ello conllevará a operaciones ilegales y pérdidas de puestos de trabajo para un sector clave y pujante en la economía nacional.
Desde la Confederación Farmacéutica Argentina consideran que las nuevas medidas del Gobierno de Javier Milei llevan a la "destrucción a la profesión farmacéutica” y ponen en "extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”. Profesionales y estudiantes universitarios acompañaron la marcha "en defensa de la salud pública".
La denuncia de la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada de ese partido, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini. Así, solicitó "el dictado de una medida cautelar urgente para que, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, el Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de aplicar en las protestas callejeras tal protocolo" y se "suspenda" su aplicación.
La concejala Norma López denunció el fallo judicial que declara que la inconstitucionalidad de dicha norma, que es una importante herramienta para proteger los derechos de los inquilinos y consorcistas y remarcó que la Municipalidad de Rosario le ocultó dicho fallo al Concejo.
Mandatarios provinciales están preocupados, en particular los norteños que tienen desarrollos mineros en marcha, y piden “una ley razonable” y advirtieron una posible inconstitucionalidad de la norma por vulnerar autonomías de los Estados subnacionales.
Esta herramienta tecnológica permitió el acceso a datos biométricos de casi 10 millones de personas, según constató la investigación judicial.
Los dirigentes de las entidades rurales que integran la Comisión de Enlace volverán al Congreso de la Nación y serán recibidos por varios senadores de la oposición.
La reunión conjunta entre diputados y senadores provinciales está convocada para este jueves a las 15, en la que será votada la destitución del actual director del Organismo de Investigaciones.