El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, solicitó este jueves su propio desafuero para someterse al proceso judicial en el que está sospechado de ser parte de una red de juego clandestino, donde se lo señala como presunto receptor de sobornos a cambio de brindar protección de un capitalista del juego ilegal.
El anuncio llegó a las 17.30 de este jueves, cuando el legislador tomó la palabra en el medio de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de Santa Fe, para comunicar la presentación de una nota oficial en la que solicita la autorización para ser sometido al proceso penal.
De esta manera, el proyecto -con la correspondiente solicitud de desafuero- fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Juicio Político, donde los colegas de Traferri dirimirán si esta vez si le dan vía libre a la quita del privilegio legislativo.
«Hace casi tres años que sufro una persecución política-judicial, en el marco de lo que fue y es uno de los sucesos más vergonzantes de nuestra historia provincial: funcionarios de los más altos rangos del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación montaron un aparato de inteligencia ilegal para disciplinar a quienes no hacían lo que ellos querían o dictaminaban. Y en mi caso particular, para desprestigiarme a través de operaciones en medios de comunicación. Me dedicaron muchísimos artículos periodísticos, horas de radio y televisión, pero no les sirvió de nada. La opinión pública le ganó a la opinión publicada«, manifestó el senador provincial del departamento San Lorenzo, en el inicio de un discurso que expuso los fundamentos de su decisión.
«En un primer momento -continuó el sanlorencino-, me puse a disposición de los fiscales para aclarar lo que entendía que podía ser algún malentendido o error. Pero fueron ellos quienes no quisieron tomarme testimonio. Con el correr de los días fui notando que había algo más detrás de la acusación. Pero no lograba realmente entender hasta dónde llegaba la trama».
Y amplió: «Luego, con el estallido en la provincia de lo que se conoce como causa de Espionaje Ilegal pude finalmente empezar a atar cabos y comprender de manera cabal la estructura y las motivaciones detrás de las imputaciones en mi contra. De hecho, el fiscal que lleva causa del Espionaje confirmó mi condición de víctima, por lo que pude acceder a la gran cantidad de evidencia que demuestra el sistema de inteligencia ilegal montado en nuestra provincia, algo inédito en democracia y que debería llamarnos a todos a una profunda reflexión respecto del futuro institucional de Santa Fe».
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Traferri sostuvo que tenía la decisión tomada desde hace tiempo, pero la cercanía de las instancias electorales lo llevaron a repensar sus movimientos y esperar a que pasen los comicios, en los que consiguió un contundente respaldo para continuar otro perídoo en su banca de legislador.
«Ahora, con las elecciones ya culminadas, entiendo que es el momento de pedirles a ustedes senadores, mis pares, que me liberen de mis fueros de proceso y me permitan presentarme en la Justicia, no sólo para demostrar mi inocencia, sino también para poner en evidencia a aquellos que deberían habernos estado cuidando y, en cambio, estaban destinando su tiempo, recursos humanos y hasta dinero de los fondos reservados del Ministerio de Seguridad para espiar a dirigentes políticos, a armar causas y carpetazos para disciplinar», señaló en la Cámara alta de la Legislatura.
CUESTIÓN DE CONTEXTO POLÍTICO
El espaldarazo electoral obtenido por Traferri fue uno de los combustibles que motorizaron el accionar de este jueves, pero no el único. Hay un cambio de contexto político determinado por la asunción de un nuevo gobierno provincial. El senador incluso le hizo guiño al mandatario electo y lo hizo parte del discurso que expuso en la Legislatura.
“De la evidencia recogida, surge que en la provincia de Santa Fe se montó un aparato de espionaje ilegal, una asociación ilícita con roles bien definidos que involucró a funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación. Este verdadero grupo de tareas me tenía entre sus objetivos, pero también a otros dirigentes. Incluso el hoy gobernador electo de la provincia, Maximiliano Pullaro, era uno de los blancos de esta asociación, según se desprende de las pruebas”, afirmó.
El movimiento del senador además es intepretado como una contraofensiva en un momento en el que uno de sus -en palabras de Traferri- perseguidores atraviesa un momento de exposición por cuestionamientos de dos de sus pares. El fiscal Matías Edery, uno de los dos funcionarios que encabezaron la investigación contra el legislador sanlorencino y pidieron en su momento el desafuero -rechazado entonces por el Senado- está señalado por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno por -dicen- filtrar información, omitir denunciar hechos ilícitos y evitar compartir información con otros fiscales. Dichas acusaciones surgieron después de una audiencia imputativa contra una célula de la banda Los Monos que esá acusada de extorsionar a un comerciante.
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Una de las apuntadas como parte de dicha organización, Mariana Ortigala, contaba con chats de WhatsApp con Edery en uno de los teléfonos que le secuestraron. El hecho es que Ortigala mantenía esas conversaciones en condición de informante, algo que estaba notificado a sus superiores. Aun así, Socca y Moreno interpretan que esos mensajes están más allá del vínculo aceptable que podrían mantener un fiscal y una informante.
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Cabe recordar que Edery -y su colega Luis Schiappa Pietra- no se quedaron de brazos cruzados tras la negativa de desafueron cosechada en el Senado, sino que fueron a la Justicia a pedir que se declare la inconstitucionalidad de los fueros presentes en la Constitución de la provincia de Santa Fe, aunque la Corte Suprema de Justicia santafesina rechazó el pedido. Aun así, el conflicto siguió escalando y actualmente espera resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
