El titular de la Comisión de Justicias de la Cámara baja, Rodolfo Tailhade, señaló que parte del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, faculta al Superior Tribunal de la Ciudad a ser la última instancia de las causas que tramita la justicia nacional de la Ciudad. Traducido, es decir, en buen romance, significa que al decretarse «la quiebra del Correo y Macri la recurra, va a poder ir a la Corte de la CABA y no a la Nacional como ha sido históricamente»

Según dijo el legislador del Frente de Todos a Tiempo.Ar, este considerando en la sentencia equivale a «abrirle la puerta al expresidente» y por otra parte apuntó que la ese punto del fallo «no tiene nada que ver con lo que se estaba tratando. Es un mensaje golpista».

Cabe recordar que se trata del fallo de la Corte Suprema de Justicia que resultó a favor de la CABA en la controversia con la Nación por la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.

Para Tailhade no hay casualidades, existe una clara «sintonía» con las distintas intervenciones del máximo tribunal de justicia de Argentina, como la «protección» de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi», como también apuntó que la Corte, con esta nueva iniciativa da a entender que es «un actor político, que el poder», aun que términos jurídicos «el fallo es un mamarracho», como también «inconsistente y contradictorio».

El parlamentario indicó que en el considerando 9 «de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, al que adhiere Ricardo Lorenzetti, se diga que el Superior Tribunal de la Ciudad es el encargado de dirimir, es la última instancia, de los expedientes que tramita la justicia nacional de la Ciudad».

En términos jurídicos, el diputado bonaerense sostiene que los cortesanos le «abren la puerta a que todos los que estén en contra de las medidas sanitarias del gobierno nacional puedan judicializar». Se trata de un tema que parece no tener solución, si no existe «por parte de la oposición una cuota de racionalidad».
 
En la sesión de finales de febrero de 2020, en el recinto de la Cámara de Diputados, Tailhade alertó sobre la voracidad de los magistrados sobre el presupuesto que requirieron para su funcionamiento.