Tras las fuertes cruces entre el Gobierno nacional y las empresas de medicina prepaga por los aumentos de cuotas aplicados en los últimos meses, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que la mayoría de las firmas deberán dar marcha atrás con las subas y volver a los valores de diciembre. Además, tendrán que devolver lo que hayan cobrado por encima de la inflación.

“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de la medicina prepaga que representa a cerca del 75% de los afiliados deberá a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada, a partir de allí, al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, señaló el funcionario en su habitual conferencia de prensa.

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Adorni detalló que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio siete prepagas tendrán que ajustar sus cuotas acorde a la inflación por el plazo de seis meses, mediante un dictamen que además ordena a las compañías a cesar con cualquier intercambio de información y a aportar datos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre cantidad de afiliados y precios nominales de los planes de salud ofrecidos.

Según detalló el vocero, las empresas afectadas por la medida deberán “aplicar como máximo este índice para ajustar las cuotas por los próximos seis meses, como resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización”.

El funcionario afirmó que, con el objetivo de “garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) también presentará una medida cautelar ante la Justicia para “obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.

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De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.

Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.

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El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes.

El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.

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Las empresas de medicina prepaga, instituciones y personas investigadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y alcanzadas por la medida cautelar son Galeno Argentina, Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical, Omint, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, “en su doble carácter de presidente de la firma Swiss Medical y de la UAS”.