Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, en una cita que contó con la presencia de exfuncionarios nacionales y fiscales de Estado de diferentes provincias.

Hacia el final del encuentro, la comisión resolvió citar para el próximo martes 1 de agosto al exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, y a Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, para que expongan sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación.

Los legisladores buscan comprobar si existió “connivencia” entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes del máximo tribunal antes de dictar el fallo sobre coparticipación que benefició al distrito porteño.

Las audiencias de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos, se retomaron pasadas las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en tanto que el procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, justificó su inasistencia y pidió reprogramar su convocatoria.

También asistieron el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias concurrirán fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Al inicio de la reunión, la comisión avaló un pedido del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, para solicitar la convocatoria como testigo a Alejandro Otero, actual trabajador de la AFIP, quien fue el funcionario que expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación.

En tanto, se acordó pedir a la Corte Suprema un informe sobre la circulación del fallo del máximo tribunal sobre coparticipación y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la comisión, desarrollada el 6 de julio pasado, cuando se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

La comisión resolvió además que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

Si bien también había sido citado Maqueda para ese día, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente” a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró Gaillard, quien dijo que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.

En el transcurso de la reunión, se dispuso también, a pedido del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, que se incorpore como prueba documental “un video donde Frigerio reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la ciudad de Buenos Aires”, durante una entrevista en el programa “A dos voces”, de TN.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluyó además la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que se trata del funcionario que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Hotel Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D’Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

El testimonio de Batakis

En su intervención, Batakis aseguró que “no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos” establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri de 2016 que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.

“Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento”, aseguró la funcionaria, al sostener que “hubo excesos de recursos a la Ciudad”.

En esa línea, Batakis dijo que “lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son” y puso de relieve que “el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.

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“Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”, afirmó la funcionaria, quien sostuvo que “la transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.

Ante un pedido del diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias dijo que Robles, mano derecha de Rosatti, participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la Corte.

Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.

Moreau dijo que Robles fue “deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido”, al sostener que “por eso creemos que esa acta carece de validez”.

El diputado del PRO Alvaro González le preguntó a Batakis si como presidenta del Banco Nación había sido notificada del fallo de la Corte.

La funcionaria aclaró que esa entidad “no fue notificada porque es un agente financiero y no es parte” de esa medida, aunque dijo que está «cumpliendo con toda la normativa por la cual se están transfiriendo los fondos. Nosotros no somos los dueños de los recursos».

Ante un planteo de la oposición que acusó al Gobierno nacional de no cumplir con el fallo de la Corte, Gaillard aclaró que “el fallo fue recurrido. Por eso, el recurso suspende los efectos y no se puede cumplir con una medida que está recurrida”.

El diputado Tailhade sospecha  respecto del acta de la audiencia en la que participó Horacio Rosatti,  porque no se consigna la presencia de Silvio Robles, y llamó a «evaluar el ocultamiento de Robles, por parte de los jueces de la Corte», y se preguntó si no se «esta en presencia del delito de falsedad ideológica», porque «no refleja la total realidad de lo que pasó, esta cuestión se puede resolver cuando se presente el Doctor Alejandro Rodríguez que fue quien labró el instrumento».

Fiscal de Santiago del Estero 

El primero en exponer de parte de las provincias fue Raúl Julio César Abate, fiscal de Estado de la provincia de Santiago del Estero, quien dio expresó que su provincia se manifestó contra el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto “se trataba de una causa donde estaba directa o indirectamente comprometida la coparticipación federal y todas las provincias que tienen interés en el mismo, solicitábamos ser escuchados”.

Respecto del fallo, estimó que “no es fruto de estudios técnicos que determinen si ese porcentaje es justo”.

“El fallo en sí es un adelanto de opinión respecto de la causa principal, puesto que se establece una verosimilitud de derechos que es señalada por la Corte, pero no es argumentada, y un fallo cautelar de este tipo contra una ley, indudablemente está marcando un rumbo que seguramente para los que entienden del derecho la Corte no se va a poder apartar de este rumbo”, sintetizó.

En línea con lo que después expondrían sus colegas, el funcionario provincial cuestionó que no les hubiera dado participación a las provincias para ser escuchadas como amicus curiae.