MARTES, 26 DE NOV

Héctor Marchi: «Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que al pueblo sí»

El ex administrador de la Corte Suprema fue desplazado de su cargo por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda y trasladado al fuero de la Seguridad Social, por denunciar irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Conclusión Buenos Aires

El ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez en carácter de testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para profundizar su denuncia por irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.

Desde 2021 el funcionario supervisó la Obra Social, y reiteró ante los miembros de la Comisión de Juicio Político que que sufre “presiones” y que lo persiguen desde que formuló declaraciones que complican la situación del titular del máximo tribunal de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien además, dijo Marchi: “Maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”.

Antes de la ronda de preguntas, el contador Marchi aclaró que no estaba allí por “la bronca de un traslado” sino porque fue citado como»testigo de informes» que hizo «hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal».


La oposición cuestionó la modalidad que adoptó el testigo para comparecer en su segunda participación en el marco del Juicio Político que se lleva adelante contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles», y agregó que «el informe número 4 de supervisión a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades

Sobre el tema, dijo a los legisladores que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y que le advirtió que no le «asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció.

Marchi  abundó en su exposición sobre las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

La Obra Social del Poder Judicial de la Nación perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Mariano Althabe propuesto por Horacio Rosatti

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, expresó el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

Marchi manifestó que esta fue una de las causas «a partir de las cuales me empezaron a perseguir» y contó que no podía hacer ninguna otra declaración «porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”.

La falta de contabilidad general no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos

En otro sentido precisó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos», porque «no se pueden controlar ingresos ni egreso con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Respecto de la política financiera que se proponen con este tipo de manejos, Marchi afirmó que es“opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Pero no todo quedó allí, además dijo que el «no quería quedar como encubridor, de nada y en función del  comportamiento de algunas personas dentro de la Corte Suprema» quería «denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del Doctor Rosatti para la Cámara de Casación».

Así lo reflejó en su cuenta de la red social Twiter, el diputado nacional Rodolfo Tailhade.

 

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