El Gobierno de Santa Fe intervino el puerto de Reconquista, controlado por Vicentin

El Gobierno de Santa Fe decretó la intervención del Ente Administrador Puerto Reconquista (EAPRe) por un plazo de 180 días, luego de realizar una investigación sobre este organismo y comprobar, además de irregularidades, que el puerto se encontraba comercialmente inactivo desde 2004.

Así mismo, el decreto -con fecha del 29 de junio de 2020- designó a Martín Deltín como interventor, quien actualmente se desempeña como representante del Poder Ejecutivo ante el directorio del Ente.

La medida, que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y de la Ministra de Infraestructura, Silvina Frana, fue tomada luego de realizar un informe que daba cuenta de irregularidades cometidas por la concesionaria de la terminal, perteneciente al grupo Vicentin.

En 1999, una parte del Puerto Reconquista fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.

La Ley N° 11.229, que crea el Ente Administrador del Puerto de Reconquista, establece que “son sus funciones las de administrar y explotar los respectivos puertos, manteniendo el destino comercial y asegurando el uso público de los mismos”.

El decreto indicó que el 14 de febrero pasado “se eleva informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista (Deltín) y que por su gravedad origina los presentes actuados”. En dicho documento se dio cuenta que el puerto no presentaba actividad comercial sino que se tornó un espacio para guardar lanchas y yates privados.

El informe reveló que supuestamente “la ‘Terminal A’, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, está inactiva y sin operaciones desde el año 2004”.

De acuerdo al trabajo realizado por Deltin, la “Terminal A” no efectúa un embarque desde hace 16 años y “no registra movimiento portuario alguno», situación que configura «un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual».

Además, «conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Sin embargo, Deltin denunció ante Prefectura Naval Argentina “el acopio y embarque no registrado ni autorizado del Buque Trasbordador ‘Cynthia’ matrícula 01478”, el 26 de mayo de este año, lo que indica que sí hubo actividad en la terminal pero que la misma se hizo por fuera de la ley.

El decreto añadió que “la ‘Terminal B’ utiliza la bajada con un muelle flotante para el servicio de balsa, consistente en el transporte de personas y vehículos, cubriendo el trayecto Reconquista-Goya” y que «el resto de las instalaciones están destinadas al uso privado de guarderías (de lanchas)» y a un estacionamiento.

Perotti indicó en el decreto de intervención que «por la magnitud, extensión, capacidad y funciones del puerto, claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando sólo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley».

El decreto también puntualiza que «según surge de las del Actas de Directorio, se observa en cuanto al régimen de organización y ejercicios de cargos, una confusión de funciones y responsabilidades que pueden ser consideradas, en principio, un apartamiento de la Ley y su reglamentación en cuanto al régimen de organización del órgano de conducción”.

El documento también adjudica un “grave incumplimiento en cuanto a la Fiscalización y Control», que deriva en «que el desenvolvimiento institucional del EAPRe resulte cuestionable por las conductas administrativas contradictorias con ciertos estándares valorativos».

«No existen registros de haber cumplido en tiempo y forma con la obligación de elevar al Poder Ejecutivo el balance general al 31 de diciembre de cada año», añade el decreto, que ordena la intervención del puerto por 180 días «ante la gravedad de los hechos detallados”.

Finalmente, el texto encomienda a la Sindicatura General de la Provincia “una auditoría integral del Ente», con «facultades de ampliar los alcances de la misma en la medida que su proceder así lo justifique”.