Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
«Si el gobierno hubiera buscado estafar a los jubilados no habría cambiado la formula», dijo hace pocos días el economista José Luis Espert, respecto de la decisión del oficialismo de introducir una modificación para calcular los haberes de los jubilados en la reforma previsional de diciembre de 2017.
El economista sostuvo que los jubilados «no van a cobrar menos» y que el gobierno no quiso estafarlos porque si lo hubiera hecho «habría dejado la fórmula de 2009 que dice que las jubilaciones se actualizan por recaudación de la seguridad social».
José Luis Espert – Economista
El especialista en seguridad social, Facundo Fernández Pastor, cruzó a José Luis Espert a través de su cuenta de Twiter, señalandole que «el gobierno empezó a estafar a los jubilados con la mal llamada “Ley de Reparación Histórica” a través de la cual creo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es del 80% del haber mínimo, remató el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y cambió el índice de actualización de las remuneraciones para calcular la jubilación».
Según el abogado Fernández Pastor, en la «ley 27.260, se estableció que a través de un acuerdo entre partes (nunca cuando actúa el Estado las partes están en igualdad de condiciones) se abonarían las sentencias. Y esto representará una pérdida del 60%».
En el mismo sentido, el especialista aseguró que «la cuestión no terminó ahí. Entre el Informe del FMI, los delegados del Banco Mundial que auditaron la seguridad social argentina y sus recomendaciones, se le sumo como frutilla del postre, la obsesión de Macri de entrar a la OCDE, y todo esto dio lugar al nacimiento de la cuestionada Ley 27.426».
Para contextualizar, el letrado expuso que «el proyecto llegó al senado con una fórmula de movilidad que establecía que, los beneficios se actualizarían c/3 meses por el Indice de Precios al Consumidor más un 5% de la variación del Producto Interno Bruto» y como a «Pichetto le pareció poco, entonces empeoró la formula, estableció que la actualización sería 70% por Indice de Precios al Consumidor y 30% por Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte)».
En otro tramo del análisis que reflejó Espert en El Cronista, señaló que «No es buena la reforma -de diciembre de 2017- pero el cambio de fórmula se hizo para que el jubilado no pierda, como hubiera perdido con la formula anterior».
No obstante esa afirmación del economista, Fernández Pastor aclaró que con «esa fórmula, en los 2 primeros trimestres la nueva ley otorgó un 5,71% en marzo y dará otro 5,66% en junio, mientras que, con la anterior, el aumento de marzo hubiese sido de 14,5%. O sea, 17 millones de personas perdieron un 3,13%. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, aplauden», ironizó .
En la misma línea el abogado especialista en Seguridad Social dijo a Conclusión que «se bajó un 20% la tasa de sustitución de las jubilaciones, que estaba entre el 50 y 72% para llevarla en el presente entre el 30 y el 52%. Esto es simple: la mayor tasa de sustitución que dio una AFP en el mundo fue del 35%. Para que sea apetecible, había que equiparar con lo que da el sistema público», es decir tratar de equiparar lo que paga el sistema público a los pasivos.
Para agravar el cuadro -al ser consultado por este medio sobre los compromisos internacionales del Gobierno- el profesional respondió que «todavía falta. Si queremos entrar en la OCDE, y ser como los únicos 2 países de la región que la integran (Chile y México) cuyas características es que tienen sistemas de capitalización y pagan las pensiones más bajas de América Latina. Con la Ley 27.426, se dio el primer paso».
Para Fernández Pastor, esta claro que «el gobierno estafó a todos aquellos que tienen un beneficio de la seguridad social, puesto que ya perdieron un 3,13%, y además, estafó a los trabajadores, porque el día que se jubilen percibirán como máximo un 52% de tasa de sustitución y antes lo hacían con hasta el 72%».
«La estafa comenzó con la Ley 27.260 -de Reparación Histórica, o mejor dicho, de blanqueo de capitales de familiares y amigos- y continuó con la Ley 27.426 (de Reforma Previsional), convirtiéndose esta secuencia en un delito en continuado», expresó.
En relación a la iniciativa del titular del Servicio de Seguridad Social de la Nación, a cargo del Señor Juan C. Paulucci, que contrató a especialistas para que trabajarán en un Código Previsional, Fernández Pastor minimizó la jerarquía del intento «porque aunque ellos le llamen Código de la Seguridad Social, lo cierto es que sólo abarca el subsistema previsional», precisó el letrado.
Y añadió. «Dicho código viene a completar los requerimientos que dejaron en sus papers los expertos del Banco Mundial, del FMI en noviembre de 2017 y, sobre todo, las exigencias de la OCDE».
A renglón seguido, Facundo Fernández Pastor, explicó a este medio que «el nuevo sistema previsional tendrá 3 patas: La PUAM -que como vimos fue creada por la primera de las leyes de esta gran estafa porque se trata del 80% de la mínima, para hombres y mujeres de 65 años, sin derecho a pensión».
Según el especialista en Seguridad Social, habrá una segunda «pata contributiva, para las clases medias bajas, parecida a la jubilación actual en base a los años de aporte, con una tasa de sustitución que se está estudiando y con riesgo de que se disminuya aún más, para acercarse a los niveles de México (12%) y Chile (18%)».
Por último, «una tercer pata de capitalización optativa, para las clases medias altas y altas, que será una verdadera jubilación de privilegio, ya que como en los 90’ se van a poder realizar aportes voluntarios a la cuenta individual, desgravando el impuesto a las ganancias».
Respecto de esto último, el especialista encendió la luz roja y advirtió que «ese dinero que los ricos dejen de aportar a las rentas generales de la nación y se lo tomen a cuenta de su jubilación privada, lo va a terminar pagando todo el resto de los argentinos».
Finalmente, sin hacer clara alusión a José Luis Espert, refirió que «el gobierno y sus cómplices -los que votaron la ley 27.260- y los 23 gobernadores que entregaron a 17 millones de beneficiarios de la Seguridad Social y el futuro de los trabajadores por $2 para sus provincias han sido y son responsables de una descomunal estafa», concluyó Facundo Fernández Pastor.
