MARTES, 26 DE NOV

Dura derrota para el Gobierno: el Senado rechazó el DNU que otorgaba millonarios fondos a la Side y aprobó el Financiamiento Universitario

La sesión iba a ser solo con Boleta Única y Financiamiento Universitario, pero la oposición agregó el tema por sorpresa y a partir del resultado, se resiente la relación entre el oficialismo y las fuerzas que esta vez le dieron la espalda. Es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un decreto presidencial.

 

Tras convertir en ley el proyecto de Financiamiento Universitario, el Senado continuó con el debate en la madrugada de este viernes y aprobó el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 656/24,  que estipulaba la asignación de fondos reservados por 100.000 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

El resultado fue contundente, la votación marcó un fuerte revés sufrido por el Ejecutivo Nacional ya que el rechazo al DNU sumó 49 votos en contra y 11 a favor del decreto y 2 abstenciones.

De esta manera, Javier Milei, que juega al todo o nada, aquilata en su haber ser el primer gobierno que recibió de parte del parlamento la impugnación de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Por la negativa se inclinaron los senadores de UP y los radicales; Alfredo De Angelis y Guadalupe Tagliaferri (Pro); Francisco Paoltroni y la chubutense Edith Terenzi.

A favor de la continuidad del DNU los 6 senadores de La Libertad Avanza, Carmen Alvarez Rivero, Beatriz Avila y Luis Juez por el Pro; y Carlos Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

Si bien habían dicho que se abstendrían, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se retiraron del recinto antes de votar. Tampoco estuvieron en la votación Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu y Gerardo Montenegro; los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez; y la rionegrina Mónica Silva.

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Se abstuvieron la chubutense Andrea Cristina y el misionero Enrique Göerling Lara, ambos del Pro.

Hace dos semanas el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) mocionó la inclusión del decreto que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al plan de Labor Parlamentaria. Sin embargo decidió no bajar al recinto.

Este miércoles, en Labor Parlamentaria la UCR, cuando se revisó el temario, y se decidió que el tema había caído no se opuso y firmó el plan de la sesión de este jueves.

No obstante, con la presencia de los senadores en el recinto, el bloque de Unión por la Patria avisó que insistiría que el DNU 656 fuera incorporado al temario, desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pasara a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario, sin embargó, el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorporara el DNU al temario como último tema.

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Así las cosas, se lograron los dos tercios para incluirlo al temario, luego que el presidente de Unión por la Patria, José Mayans dijo que retiraba su moción y que acompañarían la de Vischi, se terminó de sellar la suerte del DNU que le otorgaba fondos a la SIDE, a pesar que el gobierno pidió, de último momento, una sesión especial secreta para explicar ante los senadores los alcances del DNU 614/24.

El DNU sobre la SIDE había sido rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

José Mayans expresó que se trataba de “un tema muy delicado” que merece ser “tratado con responsabilidad”. “El problema acá es que se utiliza la inteligencia criminal no para buscar información sobre temas de narcotráfico, las mafias organizadas, que es lo que hace falta”, sino que “de la noche a la mañana se aumenta el presupuesto en un 15.556 por ciento. Aparte de tocar la Ley de Inteligencia por DNU”, subrayó.

“Acá hay un trabajo para la comisión de inteligencia que preside el senador Lousteau. Se gastaron 81 mil millones en 15 días. Más vale que lo van a tener que hacer, porque acá hubo hasta condenas por el uso y abuso de recursos de inteligencia”, afirmó.

Financiamiento Universitario

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y no tiene el aval del oficialismo, que argumenta que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal, se aprobó con 57 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención. La propuesta opositora incrementa los recursos para las Universidades nacionales para garantizar su funcionamiento. Ese aumento incluye un incremento para los docentes y no docentes. 

Los votos positivos fueron efectuados por la Unión Cívica Radical, el kirchnerismo, bloques federales y solo dos senadores del PRO. Los 10 restantes negativos fueron aportador por los siete de La Libertad Avanza, tres del PRO, que también sumó la abstención.

Generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.  

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las Universidades acuerdo a la inflación.  

La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

De acuerdo a la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesosel ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.

Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.  

Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo.

Posterior a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre, los salarios deberán actualizarse en forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC. Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.

 

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