Concejales de distintas fuerzas políticas recibieron este viernes al abogado constitucionalista y excandidato a intendente, Roberto Sukerman, para manifestar el apoyo del cuerpo legislativo local al amparo colectivo que presentó en las últimas horas con el objetivo de solicitar a la Justicia Federal que declare la vigencia del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior.
La reunión de este viernes llegó un día después de que se difunda un encuentro entre Sukerman y el intendente rosarino Pablo Javkin, quien también sumo su respaldo a esta acción que busca reparar el daño causado por una medida dictada unilateralmente por el Gobierno nacional de Javier Milei.
«El recurso de amparo colectivo busca dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar los subsidios a Rosario y a toda la provincia de Santa Fe. La discriminación que hemos sufrido históricamente, hoy aparece en su máxima expresión, porque aumentaron los subsidios al Amba y los eliminaron en el resto del país», cuestionó Sukerman en declaraciones a Conclusión.
Los ediles y el abogado constitucionalista -que también ocupó una banca en el Concejo rosarino- y destacaron que la medida adoptada por la gestión de Javier Milei es «absolutamente ilegal» porque los aportes están establecidos en la Ley de Presupuesto, pero además «es tremendamente injusta y hace peligrar el sistema urbano e interurbano».
«Basta ver a cuánto se fueron los montos de la tarifa interurbana con un 150% de aumento. Es realmente impagable para la mayoría de la población. Sin subsidios, la gente se baja del colectivo y el sistema se cae», explicó Sukerman.
Según detallaron, en lo práctico el amparo colectivo apunta a que el Gobierno nacional vuelva a realizar las transferencias al Ejecutivo provincial y que este luego reenvíe esos fondos a las empresas de transporte.
En ese marco, el excandidato a intendente y la concejala Fernanda Gigliani resaltaron la postura del intendente Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y varios ediles que -a pesar de pertenecer a diferentes espacios políticos- decidieron sumarse a brindar el apoyo en unidad.
«Sabemos que tenemos diferencias respecto a este tema, tal quedaron plasmadas en la sesión que se debatió la delegación de facultades al intendente, que quiere trasladar directamente el costo de la tarifa al usuario, pero todos coincidimos en que la decisión del presidente es arbitraria y discriminatoria», apuntó Gigliano ante este medio.
Y acentuó: «Tenemos que estar todos unidos en un único reclamo, defendiendo los intereses de Rosario».
El amparo colectivo fue presentado por la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Fundesc), que preside Roberto Sukerman, y apunta a restituir las transferencias del Estado nacional a las provincias.
