La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una resolución que establece la citación del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que responda en diez días hábiles, en forma personal o por escrito, las acusaciones por mal desempeño en sus funciones como supervisor de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Opjn).
La decisión fue adoptada en la reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard, con el voto favorable de diputados del Frente de Todos y el rechazo de los legisladores de Juntos por el Cambio.
Maqueda podrá presentarse de manera presencial o enviar un informe escrito, que se agregará a lo actuado, aunque se aclaró que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.
Gaillard precisó en la reunión que al magistrado “se le endilga mantener un sistema informático obsoleto que permitía la omisión en el deber de fiscalización, supervisión y control de gestión que tenía Maqueda como supervisor de la obra social”.
En ese marco, Gaillard hizo un repaso pormenorizado de los cargos a Maqueda, así como las causales por las que se inició el proceso en la Cámara de Diputados, entre ellos el fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1, las irregularidades en la obra social de los judiciales y el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”.
Gaillard indicó que la propuesta de la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) de crear esta subcomisión se da mientras la comisión avanza con el fallo de la Corte sobre la coparticipación. Esto permitirá que “haya un grupo de diputados a fin de analizar y estudiar otra documentación”.
La legisladora propuso que Siley esté cargo de la subcomisión y que la integren también los diputados Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) y Paula Olivetto (Juntos por el Cambio), pero desde la coalición oficialista se opusieron a integrar ese ámbito.
Desde el oficialismo, el diputado Leopoldo Moreau afirmó que “los cargos que se han formulado están sólidamente fundados y probados”.
Desde la oposición, el diputado Pablo Tonelli afirmó: “El voto de nuestro interbloque será negativo porque las supuestas irregularidades que se imputan son vicios o defectos de todas las obras sociales, no son causal de mal desempeño. Además la auditoría fue ordenada por la propia Corte”.
La resolución hace referencia a la auditoria encomendada por la Corte Suprema a fines de 2021, de la cual surge –según consta en ese texto– que “se detectaron múltiples irregularidades que ya habían sido verificadas por una auditoría llevada adelante por la Auditoría General de la Nación el año 2008”.
Entre otras irregularidades, según el documento de la comisión, se destacan “vacancias en el Directorio, vacancias en la Subdirección Médica, administrativa y auditoría Interna, delegación de firma en diferentes agentes -incluso en personal contratado bajo locación de servicio-, ausencia de previsión presupuestaria, irregularidades en la registración contable”.
También se hace referencia a “balances contables sin certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; falta de presupuesto, faltantes en stock de medicamentos”, entre otras cuestiones.
“Todas ellas serían causales para atribuir a los miembros de la Corte responsabilidad por el mal desempeño por los incumplimientos sistemáticos del deber de fiscalización, control, supervisión y gestión poco transparente del organismo”, afirmaron y señalaron que “asimismo estos incumplimientos de los deberes de los jueces de la Corte Suprema de Justicia habría vulnerado el derecho a la salud de los y las trabajadoras judiciales”.
Además se acusa a los magistrados del máximo tribunal de “haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la Obra Social del Poder Judicial (comprometiendo la eficiencia y el servicio de prestación de salud)” y el “incumplimiento de la ley de datos personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados”.
Se detalla, en ese contexto, que ha consentido “graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la Ospjn, en infracción a la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo”.
Tras concluir la discusión de la resolución que cita a Maqueda la comisión comenzó a discutir una agenda de reuniones para iniciar el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación federal que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El fallo por la coparticipación fue una de las principales causales que motivaron el inicio del proceso a la Corte que se sigue desde febrero en la Cámara baja.
El oficialismo buscará establecer una línea de tiempo entre la demanda que le inició el Gobierno porteño a la administración nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
