«El 23 de septiembre de 2016 le coloco a More la dosis correspondiente de su vacuna para la alergia y a los dos o tres minutos comenzó a exclamar que le faltaba el aire y que no podía respirar. Enseguida la llevamos al Hospital Gamen, y allí nos dicen que tiene que estar en terapia intensiva y que la van a llevar al Hospital Provincial. More hizo tres paros cardíacos y al tercero falleció. La perdí camino al Hospital». Este crudo relato es parte del testimonio que Gabriela Meglio reveló a Conclusión sobre la odisea vivida desde el día en que perdió a su hija, cuando, luego de colocarle la dosis habitual para el tratamiento de sus alergias, e inexplicablemente, la pequeña Morella Farías, con tan sólo 11 años, perdió la vida.
Todo comenzó el 23 de septiembre de 2016. Morella era alérgica, a los ácaros, a la tierra, a los pelos de gato, es decir, a alergias comunes, sobre todo en los primeros años de la infancia. Había comenzado un tratamiento a base de vacunas en el año 2014. Las mismas se suministraban semanalmente y luego cada 10 días. Ese fatídico día le tocaba su dosis, que Gabriela Meglio le aplicó a las 15 horas. A las 16.20 Morella estaba muerta.
El derrotero de la causa judicial es todo lo que cualquier persona que vive esa situación desearía evitar. La autopsia sólo fue calificada como muerte dudosa y la familia de Morella lleva casi dos años esperando que alguien le de una respuesta. Esa respuesta llegaría con el análisis del líquido del frasco que contenía la vacuna. Pero hace dos años que le vienen diciendo que no hay lugar donde realizar dicho análisis.
Gabriela Meglio dice tener miedo. En el fondo, parece pensar que ciertos intereses conspiran contra su causa. «Yo lo único que quiero es tratar de averiguar que pasó».
«Estas vacunas eran recetadas por la médica alergista y eran retiradas en la clínica en la que atendía la médica. Tres días después de la muerte de More, la policía fue a mi casa a retirar el frasco de la vacuna y las inyecciones, todo lo que habíamos utilizado ese día. En ese momento nos dijeron que la causa podía ser calificada como homicidio culposo», relató Gabriela. «Un mes después nos constituimos como querellantes y comenzamos una serie de iniciativas para poder hacer un análisis del líquido de la vacuna para saber que es exactamente lo que ocurrió con Morella. Hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de resultado, en la autopsia nos dijeron que la causa del fallecimiento era muerte dudosa, y hace dos años que estamos exigiendo que hagan los análisis correspondientes», afirmó.
«Primero nos dijeron que no se podían hacer en Rosario, nosotros sugerimos que se haga en el laboratorio de la Universidad Nacional de Rosario, pero nos dijeron que no hay equipamiento, todos los lugares a los que remitimos el pedido nos fueron rechazando, sea Córdoba, Buenos Aires, la Municipalidad de Rosario, todos dicen no tener el equipamiento necesario. Llamamos muchas veces al Anmat y jamás tuvimos respuesta. De hecho, la fiscal que lleva la causa, Mariana Prunotto, le envió una carta al fiscal regional, Patricio Serjal pidiendo colaboración para conseguir el lugar para hacer los análisis pertinentes». «La Anmat nunca respondió el pedido de Mariana Prunotto. En diciembre de 2017 la fiscal nos dijo que estaba todo dado para hacerlo en Córdoba y en febrero nos enteramos del pedido de colaboración de la fiscal a la Fiscalía Regional para poder realizar la prueba, poniéndolo al tanto de todos los rechazos y contándole que la Anmat nunca respondió ni siquiera el teléfono», explicó Gabriela y remarcó: «Nosotros necesitamos esos resultados para poder determinar que pasó y poder dar inicio al proceso penal. La fiscal nos entregó el cuerpo donde está constatado que no tiene signos de violencia ni nada, pero nos dice que no nos puede dar ningún resultado de nada hasta que esté hecha la pericia del líquido».
Gabriela Meglio se pregunta una y otra vez si lo que puede haber ocurrido es que el tratamiento tuviera algún tipo de contraindicación de la que nunca fue informada. O si es posible que el útlimo frasco de la vacuna que compró estuviera mal preparado. Pero para saberlo, necesita que se haga el análisis correspondiente a la vacuna.
«Como madre uno lleva a sus hijos al médico y trata de hacer todo lo que esté a su alcance para que estén bien. Si a mi me hubieran dicho que iba a pasar algo así, yo nunca le habría hecho ese tratamiento. Y no tuve opción. Eso es lo que yo pienso como madre. Ahora, lo que yo necesito es el resultado de la pericia para poder hacerlo y saber que es lo que realmente pasó. Ahora, desde el MPA me dijeron que hay una opción de hacer el análisis en un lugar privado, y eso me pone a mi entre la espada y la pared, por diversas razones. Por un lado, porque pienso que el Estado es el que tiene que garantizar este estudio si esta vacuna se vende en Santa Fe. No se cuánta imparcialidad puede haber en un laboratorio privado con los intereses que hay en juego y siendo que la clínica en la que yo compraba esa vacuna en una importante clínica privada de la ciudad de Rosario. Por otro lado, hacerlo en un lugar privado me obliga a poner, sí o sí, un perito de parte. Y un perito de parte no me cobra menos de 300.000 pesos lo cual para mi, que soy docente, es inalcanzable».
Y continuó: «Uno ante estas cosas está muy vulnerable, y tengo miedo a que, por distintos intereses, pasen de largo. Mi miedo es que los negociados que hay con la medicina se lleven mi pedido por otro lado y me quede sin poder tener respuestas. La pérdida de mi hija es irreparable, pero yo sé que los tratamientos de alergia son muy comunes y si esto sirve para que otra persona, otra familia no tenga que sufrir esto, entonces tiene que saberse que pasó. Por eso mi insistencia en que el Estado me garantice la pericia sobre esa vacuna».
Antes de terminar la entrevista, Gabriela, admitió no saber «si va a poder encontrar paz». «Me llevó veinte meses poder salir a decir lo que me estaba pasando porque lo que viví fue una situación inimaginable. Nunca pensé que la vida me iba a poner esta prueba, de esta manera y lo que quiero, mi objetivo principal es que se pueda realizar la prueba, que el Estado me lo garantice y luego veremos quienes son los culpables. Estamos hablando de un tratamiento común que se hace habitualmente. Al menos, poder avanzar, saber que todos hicieron lo que había que hacer, iniciar el proceso penal en saber si este tipo de tratamientos tienen contraindicaciones o no, y así, otras familias podrán estar prevenidas y no tendrán que pasar por lo que pasamos nosotros».
