El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a la mujer que en los grupos de chats de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal ofrecía un arma para atentar contra la ex presidenta Cristina Kirchner antes del intento de asesinato en su contra.

Se trata de Lidia Margarita Casciano, agendada en el teléfono del fundador de Revolución Federal Jonathan Morel, como «Dali Revolución». Fue procesada por «realizar manifestaciones que inciten públicamente a la violencia», un delito que contempla penas de entre tres y seis años de cárcel.

Cuando en los grupos de chat de Revolución Federal se cuestionaba a la ex presidenta y se proferían mensajes de odio, Casciano expresó: «no es una mala idea. Tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan». «Tengo una 9 mm, y el mástil de la bandera (el consolador de la Cerruti) y tengo gas pimienta», ofreció en otro mensaje la acusada.

El juez reflexionó que eso «no puede considerarse como el libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión, excediendo a la expresión de ideas».

«Las manifestaciones llevadas a cabo por Casciano encuentran adecuación típica en el delito de incitación pública a la violencia colectiva», insistió el magistrado en el auto de procesamiento, en el que además le trabó un embargo por un millón de pesos.

El letrado descartó que no hubiera existido delito porque la agresión no se concretó. «Este tipo penal, se trata de los llamados de acción peligrosa concreta, por cuanto la ley los reprime por la mera incitación. No se requiere para su configuración resultado alguno. Se consuma con la realización misma, de modo tal que pueda tener trascendencia a terceros», dijo el juez. «Es independiente de todo resultado», resumió.

En su defensa, Casciano dijo que «nunca pasó por su mente hacerle daño a Cristina Kirchner ni facilitar nada y aclaró que cuando hizo referencia al mástil, fue en forma de chiste ya que estaba bromeando respecto a una funcionaria que, como política pública, había regalado consoladores de madera».

El miércoles por la tarde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó su casa en San Fernando, constató la existencia de la mujer y del arma, que secuestró. También verificó en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que es legítima usuaria.

Quien dio en la tecla fue el dirigente y  precandidato presidencial, Juan Grabois, que es querellante por ser víctima de los ataques de Revolución Federal. Con su equipo de abogados (Nicolás Rechanik, Rodolfo Yanzón y Yamil Castro Bianchi) hicieron un rastreo para ver si el número estaba asociado, por ejemplo, a alguna aplicación como Mercado Pago, que permitiera dilucidar de quién se trataba. La mujer es la misma que ellos señalaron.