El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, no se presentó a la audiencia imputativa que tenía lugar este lunes en el marco de una causa que investiga una red de juego clandestino, y la jueza que lleva adelante el caso volvió a convocarlo ante la justicia, mientras que Fiscalía solicitó declararlo en rebeldía.
Cabe señalar que el abogado defensor de Traferri, Oscar Romera, se amparó en un documento donde seis senadores provinciales solicitaron que se suspenda la imputación, y pidió que el proceso judicial sea interrumpido. Sin embargo, la jueza Eleonora Verón rechazó la petición y convocó a una nueva audiencia, cuya fecha se conocerá en los próximos días.
Al respecto, el fiscal Matías Edery destacó que la jueza haya reprogramado la audiencia y detalló: “Nosotros planteamos que se lo considere rebelde, pero la jueza entendió que no por el hecho de que no lo podíamos traer por la fuerza pública, ya que eso incurriría en una contradicción. Nosotros tenemos una visión distinta pero lo importante es que ratificó el llamado a audiencia y se va a reprogramar”.
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A su turno, el fiscal Luis Schiapa Pietra consideró: “Traferri tenía la obligación de venir pero demostró una vez más que no va a cumplir con las decisiones judiciales”.
En esta línea, apuntó contra el Senado de Santa Fe por “inmiscuirse en una decisión judicial” al recordar que la vicegobernadora y presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Rodenas –quien hoy se encuentra de licencia- pidió participar del debate sobre la inconstitucionalidad de investigar a Traferri.
Asimismo, señaló que el escrito presentado por seis senadores provinciales –donde piden que se suspenda la investigación a Traferri y le recomiendan al legislador no asistir a la audiencia- no tiene valor jurídico y criticó que este documento sea esgrimido por la defensa como “como un elemento para considerar que no se haga la audiencia”.
En este sentido, el abogado Romera indicó: “No es que Traferri no quiere venir, yo le digo que no venga”.
Consultado sobre las pruebas para imputar al senador, Schiapa Pietra adelantó: “Tenemos mucha más evidencia para este audiencia, los hechos que vamos a imputar son algunos diferentes a los que sustentaron el pedido de desafuero. La decisión que ha tomado Traferri también trae un entendimiento nuevo que es no comparecer a una audiencia judicial, citada y ordenada por una autoridad judicial”.
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En tanto, aclaró que imputar y formular cargos sobre el legislador santafesino “abre la puerta a un montón de medidas investigativas”, como el levantamiento de secretos fiscales o ciertas limitaciones en el ejercicio de algunos derechos, medidas judiciales que los fiscales no pueden tomar actualmente por lo que la investigación se ve obstaculizada.
Finalmente, el fiscal Edery recordó que a raíz de un fallo judicial Traferri tiene asegurada su libertad ambulatoria, con lo que es un hecho que tras presentarse en la audiencia imputativa continuará en libertad. A entender del funcionario judicial, esto es “una ventaja con respecto al resto de la sociedad”.
¿De qué se acusa a Traferri?
La Justicia santafesina solicita imputar al senador para poder investigar su presunta participación en una red de juego clandestino junto al ex fiscal regional Patricio Serjal y al empresario Leonardo Peiti.
Según estableció la investigación judicial, esta asociación ilícita tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020; mientras que su ámbito de operación fue la provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario (principalmente), Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
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Respecto a las actuaciones puntuales de los indicados como “organizadores”, los fiscales revelaron que Serjal era el encargado de la cobertura judicial, “quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad (ex fiscal rosarino que actualmente se encuentra en prisión preventiva) sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal”.
En cuanto a Armando Traferri, sostienen que le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.
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Por su parte, Peiti es señalado como el responsable de la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.
Para ese fin, los investigadores aseguran que fue clave la participación del senador Traferri, “quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Peiti con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal”.
