Según un informe del bloque que encabeza el diputado Carlos del Frade, existe una pérdida del 82 % de los bosques y montes naturales, el 38,6 por ciento de la población no tiene acceso a cloacas y el 14,4 % no cuenta con agua corriente. Solamente fue controlado el uno por ciento de las industrias que vuelcan sus desechos al río Paraná, se comercializan 3.812 productos fitosanitarios con mayor peligrosidad que el glifosato. Como consecuencia del cambio climático, la temperatura promedio está por encima de la media nacional, debido al modelo productivo extractivista, cuyo presupuesto provincial es solamente el 0,12 % destinado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

El informe presentado por el bloque Frente Amplio por la Soberanía, arrojó los siguientes datos: 659.438 personas empobrecidas en Santa Fe, en un territorio que produce 50 mil millones de dólares y exporta 20 mil millones de dólares por año, que tiene el 38,6 por ciento de su población sin cloacas y el 14,4 % sin agua corriente, a pesar de vivir en un mapa recorrido por más de ochocientos kilómetros por el río Paraná y 48,2 por ciento sin gas de red. “Tríptico que marca las condiciones socioambientales adversas para grandes sectores de la población”, apuntó el diputado

En relación al Río Paraná, tiene un promedio del caudal de agua de unos 17.000 metros cúbicos por segundo. Este año, cayó hasta los 7.000 m3/s, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800m3/s, registrado en 1944.

Por ese motivo, en julio pasado el Gobierno declaró la «emergencia hídrica» por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. Pero además de los problemas ambientales, logísticos y de aprovisionamiento de agua, la bajante dejó al descubierto otra cosa, “decenas de caños por donde se vierten desechos al río que con los niveles normales estaban bajo el agua, ocultos a la mirada pública y lo que es aún más grave al control”, señaló Del Frade.

Asimismo, remarcó que “los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca, donde se pueden observar caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos”. Añadió «según, pudimos contabilizar existen cerca de 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales».

En ese marco, fuera de los desagües cloacales y pluviales, decenas de empresas vuelcan residuos industriales al río, entre las que pudimos observar y documentadas se encuentran: Acindar, ADM Arroyo Seco, Dreyfus Gral Lagos, Cargill Gral Lagos, Basf, Malteria Holandesa; Cargill Punta Alvear; Paladini; Swift; Matievich; Unidad 6; Terminal Puerto Rosario; Celulosa; Molinos; Vicentin; A.C.A; Axion Energy Destilería; YPF Destileria; Bunge; YPF Fertilizante; Cofco ( ex Nidera); Renova y las centrales Termoeléctrica Vuelta de Obligado y General San Martín.

Por otro lado, “la provincia sigue sufriendo la democratización del veneno”, continuó con su descripción el diputado

Por su parte, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una investigación titulada “Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil”, en junio de 2021. Sostiene, que en los últimos años el mercado argentino de agroquímicos aumentó de 100 mil Kg/litros en 1996 a 520 mil para el año 2018.

Pero los plaguicidas comenzaron a utilizarse en los años cincuenta, fundamentalmente los herbicidas como el 2,4 D y los insecticidas clorados como el DDT y el clordano, especialmente en la lucha contra la langosta.

Además, remarcó que el “proceso de modernización de la agricultura se incluye dentro de un proceso más amplio que es el de Artificialización de la naturaleza”. Hoy los pesticidas inciden en la vida de 12 millones de personas, entre ellas, tres millones de niños.

En la Argentina del presente, pensada más de afuera que desde sus entrañas, hay 107 plaguicidas prohibidos en todo el mundo, pero que se usan en estos atribulados arrabales, precisó el legislador.

En la provincia de Santa Fe, como en otros territorios argentinos, de los 5.264 productos comerciales de agroquímicos 55 son clasificados con la categoría la, 20 son con la categoría lb, 1.447 con la categoría II y 2290 con la categoría III; por lo que 3812 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto. Estos productos son vendidos en la Argentina por 338 empresas. “El problema es político y queda resumido en los anoréxicos números del presupuesto destinado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático”, explicó Del Frade.