Los zimbabwenses votaban este miércoles para elegir presidente en comicios marcados por retrasos en la votación y en los que el presidente Emmerson Mnangagwa busca un segundo y último mandato en un país con un historial de elecciones violentas y disputadas.
Unos 6,6 millones de electores estaban habilitados a votar presidente, legisladores y alcaldes tras una campaña electoral empañada por una dura represión a la oposición e importantes irregularidades en el censo electoral.
Se trata de las segundas elecciones generales desde el derrocamiento del gobernante Robert Mugabe, luego de 30 años en el poder, mediante un golpe de Estado en 2017 en medio de una fuerte hiperinflación y altas tasas de desempleo y pobreza.
Unos doce candidatos presidenciales están en la boleta electoral, pero se espera que la contienda principal sea entre Mnangagwa, de 80 años, conocido como “el cocodrilo”, y el líder de la oposición, Nelson Chamisa, un abogado y pastor de 45 años.
Mnangagwa depositó su voto rodeado de simpatizantes en su ciudad natal de Kwekwe, en el centro del país.
El mandatario y su partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (Zanu-PF por sus siglas en inglés), en el poder desde la independencia de este país sudafricano del Reino Unido en 1980, parecen decididos a aferrarse al mandato.
Pero Chamisa, líder del partido Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), espera romper con la hegemonía del partido que durante 43 años gobernó el país, con solo dos líderes desde su independencia.
La oposición, históricamente fuerte en las ciudades, espera amasar votos de protesta contra la grave crisis económica que vive el país desde hace años, marcada por el desempleo récord y una inflación que alcanzó en julio el 101%.
En Mbare, un suburbio popular de la capital Harare, muchos aguardaban desde temprano su turno para poder votar.
Mnangagwa venció por poco a Chamisa en unas disputadas elecciones en 2018.
El lunes pasado, ante una multitud ataviada de amarillo, el color del CCC, Chamisa exclamó con la voz quebrada: «Se prohibieron más de cien actos de campaña, pero Dios dice que llegó mi hora de ser presidente».
De esta manera, el candidato opositor se refirió a los meses de campaña marcados por la intimidación y las detenciones de opositores.
Chamisa alegó intimidación en las zonas rurales, pero dijo que sus seguidores deberían ser pacientes y no frustrarse.
“Estamos ganando esta elección, ellos lo saben y por eso están en pánico”, agregó.
Mnangagwa prometió un escrutinio justo y sin violencia, pero la ONG Human Rights Watch predijo un «proceso electoral gravemente defectuoso».
Los resultados de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se publicarán en los cinco días siguientes a los comicios.
El presidente es elegido por mayoría absoluta, pero si ningún candidato alcanza el 50% de los votos más uno, se organizará una segunda vuelta, que se llevará a cabo el 2 de octubre.
La elección también determinará la composición del Parlamento, de 350 escaños y cerca de 2.000 puestos en los consejos locales.
La nación del sur de África, de 15 millones de habitantes, tiene vastos recursos minerales, incluidas las reservas de litio más grandes del continente, un componente clave en la fabricación de baterías para automóviles eléctricos.
Pero los organismos de control señalaron durante mucho tiempo que la corrupción generalizada y la mala gestión socavaron gran parte del potencial del país.
Mnangagwa era un aliado cercano de Mugabe y se desempeñó como vicepresidente antes de las consecuencias del golpe de Estado de 2017.
Si bien intentó presentarse como un reformador, muchos lo acusan de ser incluso más represivo que el hombre al que ayudó a sacar del poder.
Durante las últimas dos décadas, el país estuvo bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por supuestos abusos contra los derechos humanos, acusaciones negadas por el partido gobernante.
Mnangagwa repitió en los últimos años gran parte de la retórica de Mugabe contra Occidente, acusándolo de intentar derrocar su régimen.
Antes de las elecciones, los observadores de la UE y Estados Unidos fueron criticados por funcionarios y medios estatales por presunto sesgo contra el partido gobernante.
