Estados Unidos declaró oficialmente este lunes que la minoría musulmana rohingya fue víctima de «genocidio» cometido por el ejército de Myanmar y afirma tener pruebas de que la intención fue «destruir» a ese grupo étnico en 2016 y 2017.
«He establecido que miembros del ejército birmano cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los rohinyas», afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, citado por la agencia de noticias AFP.
Precisó que es la octava vez desde el holocausto que Estados Unidos reconoce oficialmente la existencia de genocidio.
Ya hay en curso un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, principal instancia judicial de la ONU, para determinar si se cometió un genocidio en Myanmar (antigua Birmania).
Las pruebas demuestran «una clara intención detrás de estas atrocidades masivas: la de destruir a los rohingyas, en su totalidad o en parte», afirmó Blinken durante una visita al Museo del Holocausto en Washington, que presenta una exhibición titulada «El camino de Myanmar hacia el genocidio».
Afirma que para ello se basó «en un análisis de los hechos y el derecho realizado por el Departamento de Estado», junto con «una serie de fuentes independientes e imparciales, además de nuestra propia investigación».
Blinken citó específicamente un informe de la diplomacia estadounidense de 2018, que se centra en dos períodos, el primero a partir de octubre de 2016 y el segundo a partir de agosto de 2017.
«En ambos casos, el ejército birmano ha utilizado las mismas técnicas para apuntar a los rohingyas: aldeas borradas del mapa, asesinatos, violaciones, torturas», enumeró Blinken.
El secretario de Estado estimó que los ataques de 2016 «obligaron a unos 100.000» miembros de esta minoría musulmana apátrida a huir a Bangladesh y que los ataques de 2017 «mataron a más de 9.000 rohingyas y obligaron a más de 740.000 de ellos a buscar refugio» en ese país vecino.
«El ataque contra los rohingyas fue generalizado y sistemático, lo cual es crucial para llegar a una determinación de crímenes contra la humanidad», insistió.
Los rohingyas acogieron con prudencia la iniciativa estadounidense, cuyas conclusiones se conocen desde el domingo.
Si bien consideran que la decisión debió producirse hace tiempo, un refugiado rohingya en uno de los campamentos donde viven los desplazados, cerca de Sittwe, capital del Estado de Rakhine señaló que cree que «la decisión estadounidense ayudará al proceso ante la CIJ», declaró
Thin Thin Hlaing, una activista por los derechos de los rohingyas, aplaudió la decisión. «Tengo la sensación de que vivo en la oscuridad pero ahora vemos una luz porque reconocen nuestro sufrimiento», dijo.
Alrededor de 850.000 rohingyas se encuentran en campamentos en Bangladesh, país vecino de Myanmar, y otros 600.000 siguen en el estado birmano de Rakhine.
«Está bien ver que el Gobierno está dando este paso muy esperado para pedir que este régimen brutal rinda cuentas», tuiteó el senador estadounidense por Oregón Jeff Merkley.
Blinken no anunció nuevas sanciones contra el país surasiático.
Estados Unidos ya impuso una serie de sanciones a los dirigentes birmanos y, al igual que otros países occidentales, restringió desde hace tiempo sus exportaciones de armas a los militares del país, que están acusados de crímenes contra la humanidad, incluso antes del golpe de Estado que dieron el 1 de febrero de 2021.
El caso abierto contra Myanmar ante la CIJ se complicó por el golpe que derrocó al Gobierno civil encabezado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, lo que provocó protestas masivas y una represión sangrienta.
El 15 de marzo, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el período posterior al golpe acusó al ejército birmano de posibles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra desde el Estado y llamó a la comunidad internacional a tomar medidas.
