Pocos días después de que los tribunales aumentaran a 33 años la pena de cárcel para la líder depuesta y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, el Gobierno de facto integra un escenario de combates entre las tropas propias y opositores.
Miles de personas fueron encarceladas en la sangrienta represión de la disidencia que siguió al golpe del 1º de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática en el país.
La persecución selectiva limita gravemente la capacidad de funcionamiento; se necesita un apoyo más flexible de la comunidad internacional para evitar el colapso del espacio cívico y la organización de los trabajadores.
Un ex diputado del partido de la presidenta destituida, Aung San Suu Kyi y conocido activista pro democracia, está entre los cuatro muertos. Human Rights Watch calificó las ejecuciones como "un acto de absoluta crueldad".
Son cuatro personas entre las que se encuentra un antiguo diputado y miembro de la Liga Nacional para la Democracia de la destituida Aung San Suu Kyi y un activista pro democracia. Se los acusa de llevar adelante actividades terroristas.
La Premio Nobel de la Paz de 76 años ya fue condenada a seis años de prisión por incitación contra los militares, violar las reglas anticovid y una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, expresó que es la octava vez desde el holocausto que su país reconoce oficialmente la existencia de genocidio. Ya impuso una serie de sanciones a los dirigentes de la ex Birmania.
Mientras que la titular de la oficina de Derechos Humanos de la entidad global, Michelle Bachelet, acusó al Ejército de ese país de perpetrar “posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra”, la población resiste con desobediencia civil, protestas y cacerolazos, entre otras.
El relator para la ex Birmania, Thomas Andrews, dijo que su pueblo “merece algo mejor de parte de las Naciones Unidas”. Aseguró que en los últimos tiempos la escalada de violencia y la campaña de terror se han generalizado en todo el país.
Según la organización, los muertos se encontraban “entre las al menos 35 personas, incluyendo mujeres y niños, que fueron ultimados el viernes 24 de diciembre por el ejército del país asiático.
Se trata de la primera declaración de Noeleen Heyzer desde que fue nombrada en octubre por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en sustitución de a diplomática suiza Christine Schraner Burgener”.
La penas corresponden a los cargos de incitación a la disidencia en contra del gobierno de facto e incumplir las restricciones anticovid. Amnistía Internacional condenó la decisión del tribunal justificada en “falsas acusaciones”.