Arrestos a dirigentes del Mas, denuncias cruzadas y medios censurados cierran otra semana fatal en Bolivia

A poco de cumplirse dos semanas del golpe de Estado contra Evo Morales, los capítulos agitados siguen agrandando sus páginas y la situación social e institucional no parece aún cercana a normalizarse.

Ayer por la tarde, mientras las fuerzas armadas reprimían la “Marcha de los Ataúdes”, en la misma La Paz fue detenido Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del depuesto presidente Evo Morales, mientras que se dictó orden de captura para una de sus ministras.

García fue apresado el jueves mientras viajaba en un vehículo en el centro de La Paz, junto al conductor del vehículo, indicó el diario El Deber, basado en fuentes policiales. En el momento de su arresto, tenía con él varias computadoras y equipos biométricos, que se supone que pertenecen a las oficinas electorales, y sellos del ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia, señala la información, que reproduce la agencia Ansa.

En un breve contacto con la prensa, el vicepresidente del MAS sólo logró declarar que estaba transportando ese equipo y documentos a las oficinas del partido de Morales en la ciudad de La Paz.

No se sabe de qué se lo acusa y su situación legal será evaluada por la oficina del fiscal, en primer lugar en relación con el uso de bienes del estado, cuando ya no es un funcionario público.

En tanto, la fiscalía boliviana emitió una orden de arresto contra la ex ministra de Cultura Wilma Alanoca, en relación con un caso relacionado con algunos cócteles molotov que se descubrieron el 9 de noviembre en una instalación de esa repartición.

La policía encontró bombas molotov en un garaje que se supone que se utilizan para llevar a cabo actos de violencia durante las movilizaciones en El Alto y La Paz.

Cuatro personas que fueron arrestadas y encarceladas por esta investigación señalaron a Alanoca como la persona que habría dado la orden de fabricar esos dispositivos explosivos.

Tras estos acontecimientos, el fiscal emitió numerosas órdenes de arresto contra los involucrados, entre ellos, la ex ministra.

Por el momento, se desconoce el paradero de Alanoca, a pesar de que es una de las personas que solicitaron asilo político a México.

Medios de comunicación censurados

También jueves por la tarde, la directora de Televisión del Sur (TeleSur), Patricia Villegas, denunció a través de las redes sociales que su canal fue retirado de la grilla de canales de los cableoperadores bolivianos.

“La censura no acepta eufemismos. Tras 3 días de recibir justificaciones de problemas técnicos y ante nuestra insistencia, Entel Bolivia argumenta reorganización de su oferta de canales, para rescindir nuestro contrato. Bolivia cuenta con nuestro compromiso. Seguiremos informando”, indicó Villegas en un tweet al que adjuntó la carta que recibió de parte de la empresa.

Este oficio, firmado por el Gerente Nacional de Clientes de Entel S.A., Ronny Wilson Arrien Ayala, expresaba: “De acuerdo a la reorganización en la grilla de televisión, informamos a ustedes nuestra intención de rescindir las ‘Condiciones Generales de Transmisión de la señal de la nueva Televisión del Sur (TeleSur)’”.

“Entel Bolivia justifica salida del aire de @teleSURtv por ‘reorganización de la grilla’. Antes dijeron tenían problemas técnicos. Es evidente, la censura no acepta eufemismos. Seguiremos informando, ratificamos nuestro compromiso”, insistió más tarde la directora, adjuntando nuevamente la mencionada carta.

La censura no acepta eufemismos. Tras 3 días de recibir justificaciones de problemas técnicos y ante nuestra insistencia, entel Bolivia argumenta reorganización de su oferta de canales, para rescindir nuestro contrato. Bolivia cuenta con nuestro compromiso. Seguiremos informando. pic.twitter.com/5rIkFq9THh

— Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) November 21, 2019

Denuncias cruzadas: Evo Morales demanda y el gobierno de facto también

La disputa entre el ex mandatario Evo Morales y el gobierno de facto de Jeanine Áñez será llevada ahora al plano judicial.

Por un lado, el depuesto presidente boliviano indicó en una entrevista con RT que denunciará a los líderes de las fuerzas armadas de Bolivia por los “delitos de lesa humanidad” que están llevando adelante y que “no van a quedar en la impunidad”.

«Yo tenía confianza en las Fuerzas Armadas (…) me duele ver que lo que compramos de Francia y China sea utilizado contra mis hermanos, siempre he dicho que esos equipos no es contra el pueblo, es para darle servicio al pueblo. Estos delitos de lesa humanidad no van a quedar en la impunidad, vamos hacer las gestiones, ya empezamos las demandas correspondientes porque esos comandantes traidores no entiendo por qué cambiaron de mentalidad», señaló el ex presidente Morales, apuntando más precisamente a William Kaliman y Jorge Tercero.

A este último, ex comandante de la Fuerza Aérea, lo acusa por la caída de su helicóptero días antes del golpe de Estado, en lo que él considera de forma convencida que fue un intento de atentado.

Por su parte, el gobierno de facto boliviano denunció a Morales por terrorismo, sedición y otros tres delitos, en una demanda interpuesta por el ministro del Interior de la junta golpista, Arturo Murillo.

La base de la denuncia radica en la grabación de una charla entre el expresidente y Faustino Yucra, un dirigente del trópico de Cochabamba, en la que instaría a organizar bloqueos en el país para exigir la renuncia de Jeanine Áñez.

“Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir”, sostuvo Murillo a su salida de la Fiscalía, asegurando que la denuncia también alcanza al ministro de Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana.

Ante esta acusación, Morales respondió a través de Twitter: “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.

Actualmente, se está llevando adelante una primera investigación para verificar la veracidad del audio, habiéndosele solicitado información a la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, según informó el fiscal general Juan Lanchipa.