La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó este jueves que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el 21 de diciembre que el Gobierno nacional le reintegre el cobro del 2,95 % de la masa de fondos coparticipables al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, «va a perjudicar a más de tres millones» de empleados del sector público.
«Esa decisión de la Corte Suprema va a perjudicar a 3 millones y medio de estatales: 716.000 nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500.000 distribuidos en todas las comunas del país», afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE-Nacional a través de un comunicado.
El dirigente de los estatales sostuvo además que «por la nueva redistribución de fondos, las transferencias a las provincias y a los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones».
El 21 de diciembre último, en un fallo unánime, el máximo tribunal de Justicia se expidió a favor del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el reclamo por los fondos de seguridad que el presidente Alberto Fernández reasignó a la provincia de Buenos Aires en el año 2020.
Para Aguiar, «con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales. Frente a esto, no sólo son los gobernadores los que tienen que reclamar, los Intendentes deberían estar poniendo el grito en el cielo».
«Cientos de miles de millones de pesos dejarán de ser girados a las provincias y a los municipios. Se van a ver afectadas todas las partidas presupuestarias, entre estas, las destinadas a pagar salarios», evaluó el dirigente sindical.
En ese sentido, Aguiar recordó que «una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentran bajo la línea de pobreza y esta decisión de la Corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo».
«Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país», completó el dirigente estatal.
La organización sindical recordó recientemente que ATE denunció que «el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los 145.947 pesos que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre».
