La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó, a partir de datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición que se están realizando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, que la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos.
El sindicato alentó a los Consejos Directivos de la Capital Federal y de todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.
«Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión», señaló el dirigente.
La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA.
Una huelga de tres días en ese organismo podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También se levantarán las barreras de control fitosanitarias en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último pone en riesgo el estatus sanitario argentino.
Quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo de los que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, al margen de la antigüedad que tengan. Son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos.
El Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.
En este sentido, Aguiar concluyó: «Está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos».
