El funcionario del Ministerio de Seguridad, Alberto Föhrig, participó de una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y dijo que el pasado 12 de junio los manifestantes que rechazaban la Ley Bases en la puerta del Congreso quisieron dar un golpe de Estado, por lo que fue necesario activar protocolos represivos.
La denuncia fue realizada por la organización Memoria Activa en el año 1999, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales. En su pronunciación, el tribunal internacional también responsabilizó a la Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado y apuntó que se violó el derecho a la verdad y apunto por su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que “durante el conflicto en las Islas Malvinas oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas habrían sometido a los soldados de las mismas tropas a torturas de tipo físico y psicológico”.
Desde la Organización de los Estados Americanos señalaron: «Debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger la dignidad de las personas de edad en todo el mundo».
Durante el estallido, 80 personas murieron y más de 1.200 resultaron heridas. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fustigó el accionar «desproporcionado» y «letal» del gobierno del entonces presidente Iván Duque.
