La Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Cidh) condenó este viernes al Estado argentino por el atentado a la Amia, ocurrido el 18 de julio de 1994. Por unanimidad lo declaró responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque y por no haber cumplido con su deber de investigar con la diligencia debida dentro del plazo razonable.

La denuncia fue realizada por la organización Memoria Activa en el año 1999, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales. En su pronunciación, el tribunal internacional también responsabilizó a la Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado y apuntó que se violó el derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.

En octubre de 2022, la Argentina reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos. El Ministerio de Justicia dijo entonces que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió a acusados.

“El juez, sus empleados, los fiscales, la SIDE, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, había dicho ante los jueces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Natalia D’Alessandro, entonces coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

El fallo fue emitido en horas de la mañana de eset viernes y dado a conocer en una audiencia que duró solo diez minutos., 25 años después de la presentación.