El presidente colombiano, Gustavo Petro, se comprometió a reparar a las víctimas de la represión policial en las protestas sociales de 2021.
«Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21», informó en la noche del viernes el mandatario a través de Twitter.
«El Estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social», agregó Petro, quien como senador apoyó las manifestaciones contra su antecesor, el conservador Iván Duque.
Delegados de la CIDH visitaron Bogotá para hacer seguimiento a la respuesta del Estado colombiano a sus recomendaciones tras el estallido social que dejó unos 80 muertos.
Entre abril y junio de 2021, cientos de miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra del alza de impuestos a la clase media durante la fase más grave de la pandemia.
El malestar causó la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, impulsor de la propuesta que tuvo que ser retirada por parte del Gobierno, y puso en jaque al presidente Duque. La comunidad internacional rechazó la violencia policial contra los manifestantes.
En 2021 la CIDH fustigó al Gobierno por la respuesta «desproporcionada» y «letal» del escuadrón antimotines, y presentó un informe de 48 páginas con denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Durante la presentación este viernes de un informe, la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla, destacó los «avances en las investigaciones de los delitos cometidos» por uniformados y civiles, informó la agencia de noticias AFP.
En ese momento, como líder de la oposición Petro respaldó a los manifestantes y, al llegar al poder, en agosto de 2022, solicitó suspender las órdenes de captura de los encarcelados en medio de las protestas a cambio de prestar servicios humanitarios como «gestores de paz».
Durante el estallido, 80 personas murieron y más de 1.200 resultaron heridas, muchas de ellas con heridas oculares. Además, 1.380 fueron detenidos, 129 fueron desaparecidos, y 28 sufrieron agresiones sexuales, según un informe presentado ante la CIDH por las ONGs Temblores, Indepaz y Paiis.
