La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el reclamo de excombatientes de la Guerra de Malvinas por las torturas y otras violaciones a las garantías básicas que denunciaron haber padecido durante el conflicto bélico.

El caso fue promovido por el Centro de ExCombatientes (Cecim) de La Plata, que solicitó que se declare la responsabilidad del Estado argentino por omitir investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron a los soldados.

“La CIDH examinó la petición 460-15 y aprobó el informe de admisibilidad ExCombatientes de las Malvinas y familiares Caso N° 15.367”, notificó el organismo internacional, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La petición bajo análisis –aclara el documento– se refiere a posibles violaciones de los derechos humanos de los excombatientes de las Malvinas, a la integridad personal y a la vida durante el conflicto bélico ocurrido en 1982 en las Malvinas argentinas por manos de sus oficiales y suboficiales”.

El reclamo señala, además, “la impunidad en que se encontrarían los hechos hasta el presente”.

A partir de la declaración formal de “admisibilidad”, la CIDH concede un plazo de cuatro meses (prorrogable hasta un máximo de seis meses) para que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo del reclamo.

Al describir el caso, la CIDH subrayó que “durante el conflicto en las Islas Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio 1982, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas habrían sometido a estos soldados de las mismas tropas a torturas de tipo físico y psicológico”.

“Algunos habrían sido obligados a estar semidesnudos en recintos de agua congelada y sometidos a altas temperaturas; habrían sido golpeados; sometidos a ‘estaqueamientos’; simulacros de fusilamiento, enterramiento y hambre como forma de sojuzgamiento”, añade el documento.

“Además, algunos militares habrían muerto por inanición y otros habrían sido asesinados. Los peticionarios aducen que estos actos fueron cometidos en ocasiones como resultado de la intolerancia religiosa y sentimientos de antisemitismo”, completa.

En declaraciones formuladas a la agencia de noticias Télam, el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso, explicó: “Entendemos que a 41 años de finalizada la Guerra de Malvinas, el Estado no dio respuestas sobre las torturas sufridas por los soldados a manos de miembros de la Fuerzas Armadas”.

“Frente a esa omisión del Poder Judicial de la Nación, que está obligado a investigar en aquellos casos en que se presume hubo violaciones masivas de los derechos humanos, en 2015 y después de que la Corte Suprema nos diera la espalda, presentamos esta petición”, dijo.

Alonso sostuvo que “la Comisión Interamericana comprende que el Estado argentino debe ser evaluado y juzgado en instancias internacionales, contraponiendo toda la prueba que existe por torturas a soldados”.

Alonso precisó que “hay derechos humanos en juego, el derecho al acceso a la justicia para obtener una reparación integral, pero también hay otros derechos muy importantes en juego, como el de la integridad personal, no ser sometido a torturas, a poder desempeñar la vida sin ninguna degradación”.

“Las torturas a soldados se cometieron en contexto de dictadura, con lo cual ahí hay un guiño a la historia que Cecim escribe desde hace cuatro décadas y que tiene que ver con entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar”, cerró.

En tanto, el abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, analizó en sus redes sociales que “en épocas en que la apología de la dictadura irrumpe en la escena, el Cecim vuelve a construir la pedagogía de paz y a reescribir una parte de la historia: la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar”.