La pandemia afectó en la Argentina a más de 300.000 empleos, según un informe del Cepa

Entre el 15 de marzo y el 15 de abril los despidos, las suspensiones y las bajas salariales perjudicaron a 309.672 trabajadores, según un detallado informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), no obstante las decisiones del gobierno nacional para proteger los empleos, asistir a la producción y aplicar un ingreso de emergencia para el personal informal, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

El relevamiento del Cepa indicó que se produjeron 5.386 cesantías, 7.223 suspensiones, 3.070 atrasos de pago de salarios, 54.030 reducciones de haberes, 8.480 suspensiones y 231.483 convenios obrero-patronales de baja de ingresos, y puntualizó que «no obstante la crítica realidad nacional no se percibió en ese período una cantidad numerosa de casos de despidos».

El gobierno nacional había decretado la imposibilidad de producir cesantías y suspensiones por razones de «fuerza mayor» para aplacar los efectos de la irrupción del coronavirus en el mundo del trabajo y no perjudicar a los sectores más vulnerables, no obstante lo cual los despidos superaron los 5 mil.

Además, el Ejecutivo había señalado que para el caso de que las empresas debieran apelar a suspensiones los trabajadores percibirían una compensación, cuyo control ejercen los gremios y la cartera laboral de Claudio Moroni.

«Las cesantías fueron en un mes 5.386, de las cuales un 60% se concentraron en cuatro casos, por lo que el decreto 329/20 que prohibió los despidos sin causa o por ausencia o disminución de trabajo tuvo efecto. El gobierno apuesta fuerte a que no quiebren las firmas y a que la cantidad de ceses laborales no sea significativa a fin de que la pandemia no signifique un cambio más duradero e irreversible en el mercado laboral», señaló el Cepa.

Esos despidos y suspensiones se profundizaron este mes y casi duplicaron los índices de marzo (de 23 a 41 casos), en el marco de un proceso similar en los trabajadores afectados (de 4.716 a 7.893), impulsado por las suspensiones.

En los casos de atraso de pagos, reducción de haberes, suspensiones con baja de ingresos y acuerdos con los gremios ante la inactividad se produjo -según el informe- «un fenomenal salto» en los primeros 15 días de abril (de 9 a 81 casos), lo que afectó a 9.830 trabajadores en marzo y a 287.233 en abril.

«En el sector privado, la amplia mayoría de los despidos y suspensiones (58 por ciento) se produjo en el área de servicios, seguido por la construcción (19 por ciento), industria (14 por ciento), comercio (5) y el sector primario (4 por ciento). No se observó en el período analizado en el comercio un sensible aumento de cesantías, prevaleciendo las reducciones salariales, en especial en locales de expendio de comidas, y suspensiones con bajas de haberes en venta de electrodomésticos y casas de venta de productos deportivos, afirmó el Cepa.

En cambio, en el sector privado la construcción encabezó la mayoría de las cesantías, en especial por el caso de los 1.450 despidos en Techint, aunque en el área industrial fue noticia el sector de la metalurgia, no por los 745 despidos producidos durante ese mes sino por «el acuerdo entre el gremio (UOM) de Antonio Caló y las cámaras, que convinieron suspender los ceses laborales por 120 días a cambio de una reducción salarial al 70 por ciento», señaló el Cepa.

«Los trabajadores de metales alcanzan unos 126.000 casos. En el sector de hidrocarburos también se pararon los despidos por 60 días con salarios al 70 por ciento, y hubo acuerdo de suspensiones y bajas de haberes en la mayoría de las terminales automotrices y en las autopartes. En el área de servicios, se destacaron los sectores de recreación y el turismo, en los que hubo suspensiones masivas», aseguró el relevamiento del centro de estudios.

El informe realzó el rol cumplido por las organizaciones sindicales, ya que de los 154 casos relevados la mitad mostró información sobre el papel del gremio y, de ellos, en la amplia mayoría intervino en el conflicto (87 por ciento).

El estudio fue realizado desde el 15 de marzo -cinco días antes del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio- y el 15 de abril, es decir, en plena cuarentena, que dos días antes había sido extendida hasta el lunes 13.

En ese contexto, el gobierno nacional también lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 10.000 pesos para personal informal y monotributista de las categorías A y B -las más bajas- a través del organismo de la seguridad social (Anses), y el pago de un bono de 5.000 pesos entre abril y julio próximos para los empleados de la salud de todo el país, un servicio considerado «esencial».

El Ejecutivo determinó la suspensión de los desalojos, el congelamiento tarifario y la refinanciación de los pagos de las tarjetas de crédito, y lanzó una línea de créditos para empresas con tasa preferencial al 24 por ciento, postergó el pago de contribuciones patronales y asistió a las firmas de hasta 100 trabajadores con dos salarios mínimos (poco más de 3.000 pesos) para contribuir al pago de haberes.

Todas esas medidas oficiales, según el ministro de Trabajo, se adoptaron en el contexto de la prioridad absoluta otorgada a las personas y al cuidado de su salud para contener las consecuencias del brote y expansión del coronavirus.

El funcionario había asegurado hace algunos días que esas políticas del gobierno nacional procuran ampliar y profundizar la cobertura de la protección social, preservar el empleo y promover el trabajo decente, fortalecer la producción y sostener el entramado productivo, en el marco del cuidado de la salud colectiva.