La Comisión de Juicio Político dictaminó la acusación contra los jueces de la Corte Suprema

Conclusión Buenos Aires

Con 16 votos afirmativos, la Comisión de Juicio Político de la HCDN emitió los dictámenes acusatorios contra los magistrados de la Corte Suprema por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y rechazó las impugnaciones de Juntos por el Cambio al proceso. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, destacó “la transparencia en el desarrollo del proceso constitucional y publicidad del Juicio Político”, resaltando “el trabajo conjunto entre los distintos bloques que permitió avanzar en la investigación de las distintas irregularidades que constituirían mal desempeño, causal de Juicio Político previsto en nuestra Constitución Nacional”.

“Los jueces tienen inamovilidad en el cargo y debe garantizarse su independencia. A su vez, tienen la obligación de administrar justicia bien y legalmente, y si así no lo hicieren, procede el mal desempeño”, explicó Gaillard. Y agregó: “Lo que aquí se discute no es la Corte como institución, sino el mal desempeño de sus miembros, que habrían actuado con mal desempeño por desvío de poder en sus sentencias o desmanejos económicos en el caso del juez Maqueda en la causa de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial”.

Luego de diez meses de trabajo ininterrumpido, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó los dictámenes de acusación contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, doctores Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en sus funciones. Durante este tiempo, se llevaron adelante 26 audiencias, en las que se produjeron gran cantidad de pruebas (34 cuerpos), y en las que han comparecido 65 testigos.

Qué es el Juicio Político

El Juicio Político es una herramienta prevista en el art. 53 de la Constitución Nacional, mediante la cual se le reconoce a la Cámara de Diputados de la Nación la atribución de ejercer el derecho de acusar a los funcionarios y magistrados que hayan demostrado falta de idoneidad para ejercer el cargo. Se examina el desempeño funcional de los acusados para determinar si es posible su continuidad en el cargo, o para la adecuada marcha de las instituciones públicas, se hace necesario su destitución y reemplazo. La remoción de estos funcionarios, únicamente procede, como en el caso, ante los supuestos de mal desempeño.

Reseña

El trabajo de la Comisión de Juicio Político comenzó el 26 de enero a partir de los 14 proyectos presentados por asociaciones de la sociedad civil, particulares y diputados nacionales de distintos bloques para pedir la remoción de los jueces y se desarrolló a lo largo de 26 reuniones donde declararon 65 testigos.

El 26 de enero la comisión comenzó con la consideración de los 14 pedidos de juicio político y el 9 de febrero se declaró la admisibilidad de los pedidos, dando inicio a la etapa de investigación. El 13 de febrero se notificó a los magistrados denunciados sobre el inicio de las actuaciones sumariales y se organizó la investigación en cuatro causales: fallo de 2×1 que benefició a genocidas, fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, fallo de la reforma del Consejo de la Magistratura, irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. De este modo, la producción de prueba en las causales investigadas se materializó en la formulación de cargos provisorios contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueron notificados el 19 de octubre para que en el plazo de diez días presenten su descargo, si así lo deseaban.

Los cuatro dictámenes acusatorios, uno por cada juez, fueron firmados por los 16 diputados del Frente de Todos integrantes de la comisión y tienen una vigencia de 1 año para ser llevado al Recinto, donde se necesitan dos tercios para poder designar a una comisión acusadora formada por tres diputados, para que sostengan la acusación ante el Senado. Si el dictamen de acusación llegara al Senado, también se necesitan dos tercios de los senadores para remover a los jueces.

La primera de las causales investigadas por la Comisión fue la causa “Beneficio a Genocidas: Fallos Highton, Schiffrin y Muiña”, donde se investigó al juez Carlos Rosenkrantz y al juez Horacio Rosatti por haber orquestado una maniobra para beneficiar con el «2×1» al genocida Luis Muiña y reducir su pena abriendo la puerta a que decenas de represores también solicitaran beneficios. Para lograrlo, presionaron a la jueza Highton de Nolasco junto al gobierno de Macri. También paralizaron la Comisión Interpoderes para ralentizar los juicios por delitos de lesa humanidad, y buscaron beneficiar a los genocidas Amelong y Blaquier.

La segunda causa investigada se centró en el juez Juan Carlos Maqueda, por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Allí, se investigó la administración deficiente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. El mal desempeño del Juez Juan Carlos Maqueda recae en el incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo como supervisor del organismo durante el período 2008/2021. La OSPJN tuvo irregularidades en la tramitación de compras y contrataciones, haber mantenido sistemas informáticos vulnerables, haber afectado la salud de sus afiliados/as, entre otros.

En la causa investigada del “Consejo de la Magistratura: Fallo “Colegio de Abogados”: se investigaron las irregularidades del fallo del 16 de diciembre de 2021 de la Corte Suprema, donde se declaró inconstitucional la ley 26.080 del Consejo de la Magistratura y se resucitó la ley 24.937; todo ello con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura para que la presidencia del organismo quede en manos de Horacio Rosatti, quienes se autovotó para ser Presidente de la CSJN.

En la causa de “Coparticipación”, donde se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 que el gobierno nacional le pague al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto, y donde la Corte no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el gobierno porteño, se acusa al juez Horacio Rosatti por no haberse excusado en la causa cuando era su obligación, a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de parcialidad, debido a los vínculos de íntima confianza entre el Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA, que exhiben actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuyen al desprestigio del Poder Judicial