Juicio Político: diputados siguieron analizando irregularidades en la obra social de los judiciales

Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este jueves el análisis de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados por los desmanejos en ese organismo, a lo que se sumó una ampliación del pedido de juicio político presentada por diputados del Frente de Todos por el fallo del máximo tribunal que suspendió en las elecciones de Tucumán y San Juan.

Además, y tras la intervención de la justicia, este encuentro contó la presencia del exdirector de Ospjn, Aldo Tonón, quien había sido citado a declarar como testigo en dos oportunidades, y finalmente lo hizo este jueves tras ser intimado por un juez.

Al iniciarse la reunión, la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard (del Frente de Todos), informó sobre el ingreso del pedido de ampliación del juicio político presentada por diputados del Frente de Todos, a partir del fallo que suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

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Para este jueves, la Comisión de Juicio Político había vuelto a citar al exdirector de esa obra social Aldo Tonón, que fue convocado por oficio con intervención del Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23), que según Gaillard “no está investigado en ninguna de las causas” que se analizan en la comisión y por lo tanto debe presentarse ante ese cuerpo.

También, citó a Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte y los contadores públicos; Iván Nicolás Ritvo, quien pidió reprogramar su exposición; y Gabriel Martínez, y Laura Ambrosio, afiliados de Ospjn.

Ante la nueva ausencia de Tonón en la comisión, Gaillard anticipó que el juez Ariel Lijo dispuso notificar al exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, solicitándole que comparezca ante ese cuerpo para dar su testimonio sobre las irregularidades en ese organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

“Nos ha llamado la secretaria del juzgado para informarnos que el juez dispuso notificar a Tonón, que debe comparecer”, reveló la presidenta de la comisión, en referencia a la situación de ex funcionario de la obra social, quien había sido convocado en otras dos oportunidades anteriores.

Minutos después, Tonón se presentó ante la comisión para declar como testigo, para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social.

El ex funcionario judicial evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social al señalar que se “amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse”, debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.

Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado Rodolfo Tailhade sobre los motivos de su alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que “la decisión de mi renuncia al directorio de la Ospjn obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado”.

Cuando se le requirió un análisis de su gestión, Tonón dijo: “Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar”.

El extitular de la obra social fue acompañado por el abogado Mauricio D’Alessandro -precandidato radical a intendente de San Martín- pero el letrado no pudo participar ni sentarse al lado del testigo ya que de acuerdo al reglamento de la comisión solo puede declarar la persona citada.

En ese aspecto hubo en la reunión un momento tenso cuando la presidenta de la comisión le dijo a D’Alessandro: “Si usted quiere hablar lo tengo que hacer retirar de la sala”.

En su declaración, Tonón dijo no obstante que “la obra social es una institución que tiene autonomía de gestión, por lo tanto los ministros (de la Corte) estaban informados de cómo funcionaba, qué se estaba haciendo, pero no tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura”.

Consultado sobre cuál era el juez de la Corte con el que hablaba cuando existían cuestiones de importancia, Tonón dijo que “con (Juan Carlos) Maqueda, con (Ricardo) Lorenzetti o cualquier ministro de la Corte, siempre que excediera las facultades que tuviera el directorio” de la obra social.

Tonón confirmó que no hubo “certificación de los balances porque era la modalidad de la obra social de hacerlo así y yo continué la modalidad operativa que venia realizando la obra social”.

Sobre las licitaciones a las que llamó la entidad, el exfuncionario dijo que “nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse”.

En su exposición, Clerici –a cargo de la secretaría jurídica general del máximo tribunal de manera transitoria– afirmó que la obra social “es una dependencia de la Corte, donde el directorio está dotado de amplia autonomía para resolver y ejecutar” y dijo “no tener conocimiento” de la situación en torno a las vacancias en la obra social, ante una consulta de la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley.

Tailhade: “Tenemos que investigar si hay alguien que le está dando órdenes a Rosatti”

Minutos después de comenzado el encuentro, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, habló con Conclusión y manifestó: “Acaba de iniciar la reunión de la comisión de Juicio Político, y uno de los temas que informó la presidenta es que ingresó una ampliación del pedido de juicio político a los jueces de la Corte, particularmente a (Juan Carlos) Maqueda, (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz, por los fallos que suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán”.

Y agregó: “El pedido fue formulado por los diputados del bloque del Frente de Todos y la verdad que hay varias cosas para que podamos poner en marcha una investigación para dilucidar por qué la decisión se anunció faltando tres días para la veda y cinco días a la elección, cuando la suspensión se podía haber resuelto muchos días antes, y las razones por las cuales Rosenkrantz cambió su voto”.

Sobre este último punto, amplió: “Hace cuatro años había votado a favor de la re-reelección de Alberto Weretilneck en la provincia de Río Negro, una situación exactamente igual a la de San Juan. Votó convalidando la candidatura diciendo que la Corte no tenía competencias para modificar la decisión del máximo tribunal de la provincia de Río Negro, que lo había habilitado. Ahora, pocos años después y sin ningún tipo de explicación, el fallo de la Corte no tiene el voto de Rosenkrantz, solamente firma. La única explicación que tiene eso, es que al no tener la firma de Rosenkrantz –tenían dos adhesiones, la de Rosatti y la de Maqueda– la necesitaban para que el fallo se emita, con lo cual Rosenkrantz cambia su voto sin ninguna explicación, y esa es una de las cuestiones que tenemos que investigar”.

Por otro lado, Tailhade señaló que es una “irregularidad” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya emitido un fallo pasando por alto a los máximos tribunales de las provincias de San Juan y Tucumán. “Se atribuyeron una competencia que de ninguna manera está en línea con la jurisprudencia de la Corte”, advirtió.

Por último, el diputado señaló: “Otro aspecto que deberíamos investigar de todo esto, es que hay un periodista, Eduardo Feinmann, que dijo que Rosatti tenía en su vocalía los dos expedientes de San Juan y Tucumán, que no los pensaba sacar hasta después de las elecciones, pero recibió un par de llamados telefónicos que le dijeron que era el momento de sacarlos. Tenemos que investigar esos llamados, si hay alguien que le está dando órdenes a Rosatti”.