Un comisario detenido, tensiones entre las provincias de Santa Fe y Corrientes, testigos enojados que alegan «privación ilegítima de la libertad», dos gobernadores irritados, jueces que se contradicen, acusaciones cruzadas de protección a los narcos y varios mandos policiales molestos son algunos de los ingredientes de un cóctel que muy bien podrían ser los elementos de un entretenido guión cinematográfico.
Todo comenzó con un operativo antinarcótico realizado por alrededor de cuarenta efectivos de la Policía de la Santa Fe en la ciudad de Goya (Corrientes), ordenado por el juez federal de Reconquista Aldo Mario Alurralde, cuyo resultado fue el secuestro de cocaína y marihuana, y la detención de narcos que hace años investiga la justicia federal de Reconquista. Sin embargo, ese resultado incluyó que los jefes a cargo del procedimiento, José Moyano y Claudio López, fueran detenidos por orden de los fiscales goyanos Guillermo Barri y Patricio Palisa, que se denunciara «privación ilegítima de la libertad» a quienes fueron llevados para testificar sobre los procedimientos, y que el propio gobernador correntino Ricardo Colombi se hiciera presente en el lugar y pateara el tablero con su par Miguel Lifschitz y con el Ministro Pullaro por no haber considerado dar aviso a las fuerzas correntinas sobre lo que iba a ocurrir.
Los testigos
Como todo operativo lo requiere, era necesario proveer testigos a los allanamientos, por lo cual se tomó una medida que desde el vamos generó rispideces. Los efectivos de la fuerza santafesina desembarcaron en la costanera Sur de Corrientes y comenzaron a pedir documentos a al gente que se encontraba por allí. «Los que son mayores de edad se quedan y los menores se van», ordenaron.
Dieciséis personas, algo desconcertadas, que eran llevadas en un vehículo que los trasladó hasta Goya, comenzaron a enviar mensajes de texto a sus familiares para informar lo que estaba ocurriendo. Como, aparentemente, no estaba muy en claro qué era, algunos familiares acudieron a la Fiscalía de Instrucción de Corrientes a radicar denuncias por «privación ilegítima de la libertad».
Si bien desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe aseguraron que el procedimiento «se ajustó a reglamento» y que «los testigos se buscaron en Corrientes para no alertar a los narcos que buscábamos en Goya», en Corrientes la situación se vio de otro modo, por lo cual, luego de mantener una acalorada discusión con el titular de la cartera, Maximiliano Pullaro, Jose Moyano, jefe a cargo del procedimiento, fue detenido y enviado en un patrullero a la capital correntina.
El enojo del gobernador
Las declaraciones del gobernador Ricardo Colombi no se hicieron esperar.
“Nadie discute que se hagan procedimientos antidrogas. Nosotros cuestionamos la forma. Se llevaron a chicos que estaban trabajando en una confitería de la costanera, los padres no sabían dónde estaban. ¿Quién se hacía cargo si les pasaba algo grave?”, se despachó en distintos medios de prensa.
“No se entiende cómo puede ser que levantaron a 16 testigos y los trasladaron 250 kilómetros sin siquiera comunicar o cumplir con el protocolo”, enfatizó.
Visiblemente molesto, Colombi explicó que le pareció «imprudente» la actitud del jefe del operativo y del personal a su cargo, no por la cuestión de fondo, pero «les expliqué que era una barbaridad trasladar a 16 personas como testigos 250 kilómetros».
“Hubo un exceso, una extralimitación en las actuaciones. Lo que hicieron deja mucho que desear”, fustigó, y agregó: «Ante el desconocimiento de lo ocurrido y la falta de información, en esta ciudad se rumoreaba que los 16 jóvenes habían sido secuestrados».
«Ciertos protocolos hay que cuidarlos. Hay que tener conducta para proceder. Algunos de los testigos no conocían Goya. Fue una barbaridad”, protestó. “Fue inhumano lo que hicieron. Los trajeron anoche, y recién terminaron los procedimientos este mediodía, sin saber qué estaban haciendo”, explicó.
“El Ministro de Seguridad de Santa Fe me dijo que era una cuestión de la Justicia Federal y yo le dije que respetamos eso, pero que somos provincias amigas y que un llamado entre los jefes de policía se solucionaba todo”, continuó Colombi en sus declaraciones y agregó: “Estuve hablando con algunos de los testigos. Algunos que trabajan en un bar fueron levantados y ni sabían qué pasaba. Mire si pasaba algo. Había incertidumbre de los familiares que no sabían dónde estaban. Y otros se salvaron porque fueron al baño o a comprar algo”, se quejó.
Para finalizar, añadió: “Expresé mi malestar. No intervenimos en el procedimiento, sino en la forma y el modo de trasladar unos 250 kilómetros para que actúen de testigos”. “Nosotros tenemos que responder por nuestra gente, debo responder por los correntinos. Lo que hicieron fue una barbaridad. Yo tengo que cuidar la vida de los correntinos. Que diga el juez federal lo que quiera y les dije: así está la policía de Santa Fe”.
La respuesta santafesina
Desde el gobierno de Santa Fe señalaron que es habitual llevar persona de una ciudad a otra como testigos. «Con autorización judicial de por medio, no es imperioso notificar a la autoridad local de una acción en curso», explicaron.
Sin empachos, Miguel Lifschitz declaró en LT10 que le resultó llamativa la intervención del gobernador Colombi y de la policía de esa provincia, «que terminó frustrando un golpe a una organización narco que operaba en Goya».
«Esta investigación venía desarrollándose desde hace tiempo bajo las órdenes del juzgado federal de Reconquista. Estaban siguiendo la pista de una organización narco que introducía droga en el norte de nuestra provincia. Al parecer, esta organización narco operaba desde Goya, Corrientes. Por orden del fiscal federal se realizaron los allanamientos en Goya”, relató el mandatario provincial. Y agregó:»El gobierno y la policía de Corrientes se enojaron porque no tenían información previa. Ahora, esto es lo que suele ocurrir antes de dar un golpe a los narcos. Les recuerdo que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país. En el territorio provincial muchos jueces federales radicados en otras provincias hicieron allanamientos. Este accionar es habitual y normal”.
Para finalizar estimó que le resulta «muy llamativo lo que ocurrió» y recordó a los periodistas que «hasta ayer nosotros no sabíamos sobre el operativo”.
La palabra del juez
El magistrado federal que ordenó los allanamientos, Aldo Alurralde, defendió los procedimientos de la Policía de Santa Fe. “La intervención estuvo ajustada a derecho. Está dentro de nuestras facultades. No es el primer allanamiento de este tipo que se hace. Es la primera vez que nos sucede algo así. Se cumplieron todos los pasos, como dar aviso al magistrado federal Carlos Soto Dávila de Corrientes», expresó ante una emisora local.
Sin embargo, varios abogados insisten en que los jóvenes que fueron llevados como testigos estuvieron varias horas privados de su libertad. Se entiende así porque el juez Alurralde emitió un exhorto hacia su colega de Corrientes, Carlos Soto Dávila, para que habilitara los allanamientos en Goya.
Ese documento tuvo ingreso en el Juzgado de Corrientes recién a las 9 de ayer, y de acuerdo a los testimonios recogidos los jóvenes demorados como testigos fueron llevados por la policía santafesina alrededor de las cinco de la mañana, por lo cual, durante al menos cuatro horas habrían estado detenidos ilegalmente. Para ese horario los 16 jóvenes demorados en la zona de la costanera de Corrientes y avenida 3 de Abril ya se encontraban en la ciudad de Goya listos para participar de los procedimientos.
El procedimiento
El operativo fue fruto de una investigación que, según informaron las fuentes judiciales, lleva más de un año. Producto de esas pesquisas, la policía de Santa Fe detuvo en la zona de las islas del Paraná a cuatro hombres a bordo de una lancha, proveniente de Goya, que transportaba cuarenta kilos de marihuana. Y en diciembre de 2015, habían sido incautados 180 kilos de la misma sustancia cerca de Arroyo Aguilar, droga que supuestamente, provenía de la misma fuente.
En el marco de esa investigación la Policía Santafesina había conseguido el dato de una entrega de estupefacientes en la misma zona para estas fechas. Dicha entrega ocurrió el pasado martes, y la 
entrega fue frustrada por tres lanchas de las fuerzas provinciales que durante tres días hicieron guardia en el lugar.
Con este antecedente, el juez federal Aldo Alurralde ordenó siete allanamientos en Reconquista, donde operaban los compradores de la marihuana que provenía de de Corrientes y ordenó además que fueran allanados ocho domicilios de la ciudad de Goya, donde se suponía que se hallaban los jefes de la organización narco.
En la madrugada del miércoles, una delegación de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones emprendió viaja hacia Goya. Alrededor de las cinco de la mañana pararon en Corrientes y juntaron 16 testigos en la zona de la Costanera Sur, y luego siguieron viaje a fin de concretar los allanamientos.
Por su parte, el Ministro de Seguridad de Corrientes, Horacio Ortega, manifestó: «La diligencia no puede ser declarada nula porque son testigos hábiles mayores de 18 años», y fustigó la decisión de su par santafesino y de las fuerzas policiales santafesinas por no darles ningún tipo de comunicación sobre el operativo. Además, expresó que «lo que objetamos es la forma en que se llevó a cabo el reclutamiento de los testigos y la forma en que actuó la policía de Santa Fe, porque el Código de Procedimientos de la Nación dispone que las fuerzas locales tengan conocimientos».
Entre tanto, Ortega confirmó que se le abrió una causa judicial al jefe de Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, José Moyano, que recobró la libertad pasadas las 20 del miércoles luego de que el jefe de la policía José Amaya viajara en persona a la capital correntina.
Nota relacionada
El jefe de Prevención de Adicciones de Santa Fe recuperó la libertad
